Ciudad de México, 24 de febrero de 2026 — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó y reactivó por unanimidad la orden de captura librada en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras cancelar el último amparo que lo protegía judicialmente. 

Decisión del Máximo Tribunal

  • El Pleno de la SCJN determinó que la protección constitucional (amparo) que había impedido la ejecución de la orden de aprehensión fue revocada, dejando así firme el mandamiento judicial. 
  • La decisión se tomó por unanimidad de los ministros, con un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. 
  • La orden podrá hacerse efectiva una vez que se notifique la sentencia al juez de control correspondiente, quien deberá proceder a su cumplimiento conforme a la ley. 

Antecedentes del Caso

  • La orden de captura original fue emitida por un juez federal con sede en el Estado de México a raíz de denuncias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2020. 
  • Diversos recursos legales, incluido un amparo obtenido por García Cabeza de Vaca, habían suspendido la ejecución de la orden durante años. 
  • Con la resolución actual de la Corte se considera que existen datos suficientes para presumir razonablemente la probable participación en delitos, aunque la SCJN discutió la metodología jurídica para establecer ese criterio. 

Con el amparo cancelado y la orden de captura validada, la FGR queda habilitada para continuar el proceso penal y las autoridades federales pueden buscar cumplir la orden. La resolución abre la puerta a posibles acciones internacionales, como la solicitud de colaboración de INTERPOL para detención o extradición si fuera necesario. García Cabeza de Vaca actualmente se encuentra fuera de México, residiendo en los Estados Unidos, donde hay un proceso para su extradición promovido por el Gobierno mexicano. 

El caso ha sido ampliamente cubierto en medios nacionales debido a su trascendencia política y judicial, pues involucra a un exmandatario estatal y un largo proceso legal de impugnaciones. 

Críticos del proyecto debatieron si la Corte debía valorar pruebas sustantivamente o si eso le corresponde exclusivamente a los jueces de control en la etapa de investigación.