El Congreso de la Unión aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a la información de operaciones realizadas en plataformas digitales como Netflix, Amazon, Spotify, Shein, Mercado Libre, Tinder y otras que ofrezcan servicios o productos en México.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y respaldada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la recaudación fiscal en el entorno digital y asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con sus obligaciones tributarias en territorio nacional.

Según la exposición de motivos, el objetivo es “establecer controles electrónicos que garanticen la transparencia y el correcto pago de impuestos por parte de las plataformas digitales”. Sin embargo, el nuevo Artículo 30-B del Código Fiscal ha generado controversia entre especialistas y organizaciones civiles por el alcance del acceso del SAT a los datos de los usuarios.

Riesgos a la privacidad y vigilancia masiva

Colectivos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 advirtieron que la medida podría abrir la puerta a una vigilancia fiscal masiva, ya que el texto aprobado no define con precisión qué tipo de información podrá ser consultada ni qué mecanismos de protección de datos personales existirán.

“La redacción es ambigua y deja amplio margen para la interpretación. No se especifica si el SAT solo accederá a datos fiscales —como facturas o montos de transacciones— o si podrá visualizar información más sensible, como historiales de consumo o actividad del usuario”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Posibles bloqueos y entrada en vigor

La reforma establece que, en caso de incumplimiento con la entrega de información, el SAT podrá ordenar el bloqueo temporal de las plataformas digitales que no cooperen con las nuevas disposiciones.

De acuerdo con el texto aprobado, la medida entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con el fin de permitir que las empresas tecnológicas adecuen sus sistemas y establezcan los canales de transmisión de datos requeridos.

Debate abierto

Mientras el gobierno argumenta que la reforma busca equidad fiscal entre empresas tradicionales y digitales, expertos en derecho digital advierten que el acceso “en tiempo real” podría contravenir principios constitucionales de privacidad y protección de datos personales.

El debate ahora se trasladará al terreno jurídico y técnico: el SAT deberá emitir reglas de carácter general que definan el alcance y los límites de su acceso a la información. Por su parte, plataformas internacionales analizan los ajustes necesarios para cumplir con la nueva normativa sin vulnerar los derechos de sus usuarios.