La Cámara de Diputados avaló por unanimidad la iniciativa presidencial que busca unificar criterios para castigar la extorsión en todo el país.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca reforzar el combate a este delito y homologar las sanciones en todo el territorio nacional.
Con 456 votos a favor y ninguno en contra, el pleno de San Lázaro avaló el dictamen que contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión para el delito básico de extorsión, y hasta 25 años cuando existan agravantes, como el uso de violencia, amenazas a servidores públicos o la participación de grupos delictivos organizados.
La nueva ley también establece que el delito será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar las investigaciones sin necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima. Además, propone la creación de mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la elaboración de un Registro Nacional de Delitos de Extorsión.
Durante la discusión en lo general, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de contar con un marco legal uniforme frente al crecimiento de este delito en diversas regiones del país. No obstante, algunos grupos parlamentarios advirtieron que algunos códigos penales estatales contemplan sanciones más severas que las previstas en la nueva norma, por lo que pidieron revisar los artículos específicos durante la discusión en lo particular.
El dictamen será ahora analizado artículo por artículo antes de ser turnado al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación definitiva.
