El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha llevado su conflicto con las autoridades fiscales de México hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de acusaciones de evasión de impuestos. Salinas Pliego sostiene que los acuerdos de palabra tienen mayor validez que los documentos formales, en referencia a supuestos convenios con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó la existencia de dichos acuerdos y aseguró que, de haber querido pagar, el empresario ya lo habría hecho. La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, señaló que Grupo Salinas no recibirá respuesta del SAT debido a su historial de litigios que prolongan los procesos legales.
Este conflicto se suma a una deuda de 580 millones de dólares que Salinas Pliego enfrenta con acreedores estadounidenses. Un tribunal mexicano revocó recientemente una medida cautelar que le permitía aplazar el pago, argumentando que la pandemia no justificaba el incumplimiento de sus obligaciones, lo que ha dado lugar a un arbitraje internacional contra México ante el CIADI.
Este caso mantiene la atención sobre las prácticas fiscales de grandes empresarios y abre un debate sobre la validez de los acuerdos verbales frente a los compromisos legales formales.
