Washington D.C., Estados Unidos; 20 de febrero de 2026 – La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes un contundente revés legal al expresidente Donald Trump al declarar ilegales la mayoría de sus aranceles globales, impuestos bajo supuestos poderes de emergencia, al determinar que exceden la autoridad ejecutiva sin aprobación del Congreso.

En una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal concluyó que la Casa Blanca no podía imponer tarifas globales amplias sin mandato legislativo, incluso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada por Trump para justificar sus medidas comerciales durante su mandato.

El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que “solo el Congreso tiene la facultad de establecer impuestos y aranceles, y el Ejecutivo no puede sustituir esa potestad mediante decretos de emergencia”, reafirmando así la separación de poderes en decisiones económicas de alto impacto.

Consecuencias económicas y políticas

  • Los aranceles impugnados incluían gravámenes globales a importantes socios comerciales, generando tensiones internacionales y represalias comerciales en varias regiones.
  • La sentencia invalida los aranceles más amplios, y abre la puerta a posibles reembolsos o ajustes para empresas afectadas por estas medidas.
  • El fallo limita de manera significativa la capacidad del Ejecutivo para aplicar aranceles sin respaldo legislativo, obligando a futuras administraciones a buscar caminos legales más claros para implementar tarifas comerciales.

El revés representa un golpe a la estrategia económica que Trump defendió como central para enfrentar déficits comerciales y proteger empleos estadounidenses. Analistas advierten que esta decisión reduce su margen de maniobra en materia de comercio internacional y establece un precedente sobre los límites del poder presidencial en EE. UU.

La decisión de la Corte Suprema marca un hito en la jurisprudencia comercial de Estados Unidos, reforzando que los aranceles y tarifas deben tener respaldo del Congreso y no pueden aplicarse de manera unilateral por el presidente, incluso bajo supuestos de emergencia.