El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, trascendió el ámbito político estatal y comenzó a ser interpretado por medios internacionales como un nuevo punto de tensión entre México y Estados Unidos.

El mandatario retomó el cargo el 21 de agosto, pese a los señalamientos de autoridades estadounidenses que lo relacionan presuntamente con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Rocha Moya rechaza las acusaciones y sostiene que durante su separación temporal del puesto se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La controversia adquirió una dimensión bilateral porque el caso ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen una relación especialmente sensible en materia de seguridad, combate al crimen organizado y respeto a la soberanía.

La agencia Reuters señaló que el regreso del gobernador podría incrementar las tensiones entre ambos países, particularmente por la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La cobertura internacional coloca el caso de Rocha Moya dentro de una relación cada vez más compleja entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El señalamiento estadounidense contra el gobernador continúa vigente, mientras Rocha sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y carecen de elementos que demuestren su responsabilidad.

Otro de los elementos que llamó la atención fue la distancia que tomaron tanto el gobierno federal como Morena respecto de la decisión.

La Secretaría de Gobernación calificó el regreso como una determinación personal del mandatario, mientras que la dirigencia nacional de Morena también afirmó que no fue informada previamente y se deslindó de la decisión.

La postura se intensificó después de que gobernadores de Morena llamaran a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad” y respaldaran públicamente a la presidenta Sheinbaum.

La cobertura internacional también destaca que el regreso del mandatario ocurre en un momento particularmente delicado para Sinaloa, estado afectado por una prolongada disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Además, la reincorporación de Rocha Moya coincidió con nuevas actuaciones judiciales relacionadas con investigaciones sobre hechos ocurridos en la entidad, entre ellas la detención de Fausto Corrales, señalada como relevante dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Estos acontecimientos han colocado nuevamente a Sinaloa en el centro de la atención nacional e internacional.

Tras reincorporarse al cargo, Rocha Moya aseguró que regresaba “con la frente limpia y en alto” y afirmó que durante los 112 días de licencia no intervino en las investigaciones.

El gobernador sostiene que la FGR no encontró elementos que acrediten su participación en una conducta delictiva. Sin embargo, reportes recientes señalan que las investigaciones continúan abiertas, por lo que el caso permanece bajo escrutinio.

De esta manera, el retorno de Rocha Moya no sólo representa su regreso al gobierno de Sinaloa, sino también un nuevo desafío político para Morena y para el gobierno de Sheinbaum, que debe mantener la cooperación con Washington sin permitir que las acusaciones provenientes de otro país determinen quién puede ejercer un cargo público en México.