El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la existencia de una compleja red de lavado de dinero que utilizaba a personas comunes —entre ellas estudiantes, amas de casa y jubilados— para ocultar operaciones millonarias realizadas a través de casinos físicos y plataformas digitales. De acuerdo con la investigación conjunta entre la SSPC y la Secretaría de Hacienda, el esquema abarcaba trece establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Las autoridades identificaron movimientos financieros por montos de hasta cincuenta millones de pesos, provenientes de actividades ilícitas y canalizados mediante apuestas, transferencias y supuestos premios de juego. En muchos casos, las personas involucradas no tenían conocimiento de que sus identidades o cuentas estaban siendo usadas para estas operaciones. Se trataba de perfiles sin antecedentes económicos relevantes: jóvenes estudiantes, mujeres dedicadas al hogar y personas pensionadas o jubiladas, cuyos nombres y datos servían para simular la legalidad de los recursos.
El modus operandi consistía en el uso de tarjetas prepagadas, plataformas digitales y apuestas en línea que generaban ganancias aparentes. Estos fondos eran posteriormente transferidos a cuentas en el extranjero —principalmente en Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos— desde donde regresaban a México ya “limpios”, bajo la apariencia de utilidades legales. La red incluía tanto casinos físicos como empresas tecnológicas dedicadas al juego digital que operaban fuera de la regulación financiera mexicana.
Como resultado de la investigación, se han bloqueado cuentas bancarias, suspendido temporalmente varios establecimientos y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación. García Harfuch señaló que este caso marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia contra el lavado de dinero, basada en el uso de modelos predictivos e inteligencia artificial para detectar irregularidades antes de que afecten el sistema financiero. Según el funcionario, se trata de un paso decisivo para frenar la infiltración del crimen organizado en la economía formal y proteger a la ciudadanía de ser usada como pantalla para actividades ilícitas.
