La soberanía de nueve islas ubicadas en el Río Bravo quedó bajo discusión luego de que autoridades de Texas las identificaran como parte de su territorio. Frente a ese anuncio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que la delimitación entre México y Estados Unidos no puede ser alterada por decisión unilateral de un gobierno estatal.

El punto central de la controversia no es únicamente quién podrá ingresar a esos terrenos, sino qué autoridad tiene competencia para establecer a qué país pertenecen. La Cancillería señaló que esa atribución corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de aplicar los acuerdos fronterizos.

La postura mexicana se dio a conocer el 30 de octubre, después de que Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, anunciara que su oficina había identificado nueve islas como territorio texano. Los terrenos se encuentran en el tramo del Río Bravo entre Laredo y McAllen.

De acuerdo con la funcionaria, la revisión se originó a partir de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El análisis contempló 28 islas cuya propiedad no estaba claramente definida; de ellas, nueve fueron identificadas por las autoridades texanas como parte de ese estado.

Buckingham señaló que la intención es facilitar el acceso de autoridades estatales y federales para realizar trabajos de limpieza, vigilancia y seguridad. También planteó que esos espacios podrían ser aprovechados como puntos de control frente a actividades ilegales en la zona fronteriza.

Sin embargo, el anuncio de Texas no representa por sí mismo un cambio en los límites internacionales.

La SRE explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal. Bajo ese acuerdo, la ubicación de los terrenos debe determinarse conforme a la línea internacional y no mediante una declaración de las autoridades de Texas.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas es la instancia encargada de revisar estos asuntos y establecer la ubicación de cada isla respecto de la frontera. El tratado también contempla disposiciones para evitar obras que alteren el curso normal del río y afecten la delimitación.

La Cancillería indicó que dará seguimiento a las actuaciones relacionadas con los terrenos y reiteró que cualquier definición sobre la frontera debe realizarse mediante los mecanismos acordados por ambos países.

Así, mientras Texas sostiene que las nueve islas forman parte de su territorio, la posición de México es que esa afirmación no sustituye la revisión y determinación que corresponde a la instancia binacional.