El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 30 renuncias de funcionarios tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, en medio de una revisión interna de áreas directivas y de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y relaciones con empresas proveedoras.

De acuerdo con información difundida por el propio Instituto el 3 de noviembre, 17 de las bajas corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta, incluido Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de esa área. Entre los funcionarios que también dejaron sus cargos están José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

También se encuentran Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, de la oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien ocupó distintos puestos relacionados con la vinculación con organismos electorales locales.

Las salidas forman parte de una revisión colegiada encabezada por las diez consejerías electorales que permanecen en el INE, bajo la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García. El análisis comprende la Junta General Ejecutiva, los cargos de primer nivel y las relaciones funcionales y procesos de contratación que puedan requerir revisión.

La revisión ocurre después de que el Órgano Interno de Control (OIC) expuso ante la Cámara de Diputados que mantiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades: 13 continúan en etapa de investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas. El titular del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco servidores públicos ya fueron formalmente señalados por posibles faltas graves, aunque sus identidades no se han hecho públicas.

Entre los hallazgos que se investigan está la presunta simulación de competencia entre cinco empresas proveedoras de materiales electorales que, según las indagatorias del órgano de control, comparten representantes legales o vínculos empresariales. Estas compañías habrían concentrado contratos por alrededor de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales.

El caso también llegó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos. Las revisiones abarcan al INE, organismos electorales estatales, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

La dimensión del caso rebasa las oficinas centrales del Instituto. Reportes periodísticos documentaron que empresas bajo investigación obtuvieron contratos con organismos electorales de al menos 17 estados, entre ellos Sonora, por lo que las indagatorias también alcanzan operaciones realizadas fuera del órgano nacional.

Ante este panorama, la presidenta provisional Blanca Cruz informó que las consejerías preparan acciones para facilitar las auditorías y revisar posibles responsabilidades. Entre las medidas anunciadas está presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a quienes pudieran estar involucrados, sin limitar la indagatoria a una lista predeterminada de personas.

El INE enfrenta así un proceso de revisión institucional mientras se prepara para las elecciones de 2027. Las consejerías han señalado que el objetivo es esclarecer posibles irregularidades, preservar la documentación y garantizar que los cambios administrativos no afecten la continuidad de las funciones electorales.