En México circulan con frecuencia amenazas y mensajes alarmantes que aseguran que las personas podrían enfrentar prisión si no pagan sus deudas bancarias o con instituciones financieras. Sin embargo, el marco legal vigente es claro: nadie puede ser encarcelado por deudas de carácter civil, y el Buró de Crédito no tiene facultades para ordenar detenciones. 

El Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en su último párrafo— establece de manera tajante que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. Esto significa que el incumplimiento de obligaciones económicas, como créditos bancarios, préstamos personales o compras con tarjeta de crédito, no constituye un delito penal que amerite prisión. 

Este principio se alinea con las garantías de libertad personal y debido proceso, y protege a los ciudadanos frente a cualquier intento de usar la fuerza pública para cobrar compromisos económicos que son de naturaleza mercantil o civil.

El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que concentra el historial de pagos de personas y empresas que han solicitado créditos o financiamientos. Su función principal es reportar el comportamiento de pago de los usuarios, y esa información es utilizada por bancos y otras instituciones al evaluar solicitudes de crédito. 

Estar enlistado con una mala calificación crediticia simplemente significa que tu historial refleja pagos atrasados o incumplimientos; no es un antecedente penal ni otorga poder a nadie para arrestarte.

Falsas amenazas de prisión

A pesar de que la ley es clara, algunos despachos de cobranza extrajudicial utilizan tácticas intimidatorias para presionar a los deudores. Entre estas prácticas se encuentran:

  • Amenazas de arresto si no se paga la deuda.
  • Documentos que aparentan ser órdenes judiciales.
  • Mensajes que sugieren que habrá intervención policial inmediata.

Estas acciones son ilegales. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y la normativa de la CONDUSEF prohíben expresamente la emisión de documentos falsos o intimidatorios por parte de cobradores, y la cobranza extrajudicial con amenazas puede ser sancionada conforme al Código Penal Federal. 

Cuándo sí puede haber consecuencias penales

La prohibición de prisión por deudas aplica únicamente a compromisos civiles y mercantiles. Existen excepciones en las que sí puede haber consecuencias penales, como:

  • Fraude: cuando se demuestra que se obtuvo un crédito mediante documentos falsos o engaño intencional desde el inicio.
  • Deudas fiscales: obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden tener otro tratamiento legal.
  • Pensión alimenticia: el incumplimiento de esta obligación familiar sí puede derivar en sanciones penales. 

Consecuencias reales de no pagar

Si no se cumple con una obligación de pago:

  • La institución o acreedor puede iniciar un juicio civil o mercantil para recuperar el monto adeudado.
  • Un juez puede ordenar embargos de bienes o salarios en función de la resolución judicial.
  • El reporte en el Buró de Crédito afectará tu capacidad para obtener nuevos préstamos o financiamientos.