La propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado polémica por sus implicaciones en la figura de la revocación de mandato, ya que abriría la posibilidad de que la propia mandataria participe activamente en el proceso.

El planteamiento forma parte de un nuevo paquete de cambios enviado al Congreso tras el rechazo de la reforma electoral original, y busca, entre otros objetivos, reducir costos del sistema electoral y ampliar la participación ciudadana. 

Dentro de los ajustes, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que la revocación de mandato coincida con procesos electorales, lo que modificaría su naturaleza original.

De acuerdo con el planteamiento, este ejercicio podría realizarse en años clave como 2027, junto con elecciones federales y locales, lo que daría lugar a una “súper elección” con múltiples procesos simultáneos. 

Especialistas advierten que este cambio podría:

  • Permitir que la persona en el poder tenga presencia directa en el contexto electoral
  • Convertir la revocación en un proceso con mayor carga política
  • Diluir su carácter como mecanismo ciudadano de evaluación

La revocación de mandato fue diseñada originalmente como una herramienta para que la ciudadanía decida si un gobernante debe continuar en el cargo, no como una plataforma de promoción política.

El “Plan B” surge luego de que la reforma electoral original no alcanzara la mayoría necesaria en el Congreso, por lo que el gobierno optó por una versión más acotada enfocada en:

  • Reducir el gasto en órganos electorales
  • Limitar salarios de funcionarios
  • Ajustar estructuras en congresos y municipios
  • Modificar reglas operativas del sistema electoral 

El posible rediseño de la revocación de mandato ha encendido el debate entre actores políticos y analistas, quienes advierten que podría cambiar el equilibrio entre gobierno y ciudadanía en este tipo de ejercicios.

Mientras el oficialismo defiende que se busca incrementar la participación ciudadana, críticos señalan que también podría abrir la puerta a un uso político del mecanismo.

Las “letras chiquitas” del Plan B no solo plantean ajustes administrativos al sistema electoral, sino que introducen cambios que podrían permitir a la presidenta tener un papel activo en un proceso que, en principio, está diseñado para evaluar su propio mandato.