Regidores de distintos municipios de Sonora presentaron ante el Congreso del Estado una propuesta para crear el Fondo Estatal para la Rehabilitación de Vialidades Urbanas (FERVU), con una aportación inicial de mil millones de pesos del Gobierno estatal y la posibilidad de duplicar los recursos mediante contribuciones de los ayuntamientos.
El planteamiento busca atender el deterioro de calles y avenidas en la entidad, particularmente los daños provocados por baches, mediante una bolsa que podría alcanzar hasta 2 mil millones de pesos bajo un esquema de coinversión peso por peso.
El regidor de Cajeme, Armando Alcalá, señaló que ese municipio podría acceder hasta a 300 millones de pesos para rehabilitar vialidades, siempre que se concrete el mecanismo de aportaciones y se cumplan los criterios establecidos en la propuesta.
Los promotores plantean financiar la parte estatal mediante una reasignación del presupuesto, con recortes a partidas como viáticos, asesorías, gastos oficiales y estructuras administrativas, así como recursos destinados a obra pública.
La iniciativa también contempla que los municipios presenten proyectos y aporten una cantidad equivalente a la asignada por el Estado. La distribución de recursos consideraría factores como población y necesidades de infraestructura.
Entre las propuestas adicionales se encuentra priorizar la reparación de redes de agua potable y drenaje antes de colocar nuevo pavimento, con el objetivo de evitar que fugas o fallas subterráneas provoquen nuevamente daños en las calles.
Los regidores también plantearon mecanismos de vigilancia, participación de colegios de ingenieros y comités vecinales, además de un registro público de las obras para transparentar el uso de los recursos.
La propuesta fue entregada al Congreso de Sonora y busca incorporarse al análisis del Presupuesto de Egresos de 2027. Por ahora, el fondo no está aprobado y su creación dependerá de la discusión legislativa y de la disponibilidad presupuestal.
Los promotores sostienen que el mecanismo permitiría atender el rezago en infraestructura vial sin recurrir a deuda pública ni establecer nuevos impuestos, mediante la coordinación entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos.



































