La Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más polémicas del año: la prohibición total de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier dispositivo análogo destinado a calentar o vaporizar sustancias con o sin nicotina. La medida, incluida dentro de un amplio paquete de reformas a la Ley General de Salud, fue votada en lo general con 324 votos a favor y 129 en contra, y más tarde en lo particular con 292 a favor y 163 en contra, tras una discusión intensa que se extendió por horas.

La reforma establece que queda prohibida la fabricación, importación, exportación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, distribución, venta, suministro y publicidad de vapeadores en todo el país. Las sanciones para quienes participen en estas actividades incluyen penas que van de 1 a 8 años de prisión, además de multas que pueden superar los 200 mil pesos. Con la versión aprobada, el consumo y la posesión personal quedaron fuera de la criminalización, luego de que se incorporara una reserva para evitar sanciones a usuarios individuales.

Los legisladores que impulsaron la prohibición argumentaron que se trata de una medida de protección a la salud pública, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Señalaron que la expansión de los vapeadores había superado la capacidad de regulación sanitaria y que los dispositivos, aunque se presenten como alternativas “menos dañinas”, contienen sustancias que representan un riesgo para la población joven. Para la mayoría oficialista, cortar la cadena comercial es la única forma de frenar un producto que consideran nocivo y engañoso.

Del otro lado, la oposición acusó que la reforma es desproporcionada, punitiva y técnicamente deficiente. Advirtieron que la prohibición absoluta no eliminará la demanda, sino que trasladará la venta al mercado negro, donde los productos carecerán por completo de control sanitario y fiscal, generando un espacio más lucrativo para redes delictivas. Legisladores como Irais Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, calificaron la medida como “un regalo navideño para el crimen organizado”, al considerar que se fortalece el comercio ilegal mientras se criminaliza al sector formal que podría ser regulado.

La discusión también reveló inconformidades respecto al proceso legislativo. Críticos denunciaron que la reforma se integró a un dictamen extenso, con múltiples temas de salud, sin un análisis especializado amplio ni participación suficiente de expertos en adicciones, salud pública o regulación de tecnologías de nicotina. Además, subrayaron que las penas aprobadas superan o igualan las de delitos graves, lo cual consideran una incongruencia jurídica.

Con la votación concluida, el dictamen será enviado al Senado de la República, donde podrá ser ratificado o modificado. De aprobarse sin cambios, México implementará una de las prohibiciones más estrictas del mundo contra los vapeadores, transformando por completo un mercado que en pocos años creció de manera acelerada. Mientras tanto, el país queda dividido entre quienes celebran la medida como un paso firme hacia la protección sanitaria y quienes advierten que la prohibición podría encender, en la clandestinidad, un problema aún mayor.