Luego de una jornada de protestas y bloqueos en más de veinte estados del país, el Gobierno federal fijó en $6,050 pesos por tonelada el precio de referencia del maíz blanco, medida que fue rechazada por amplios sectores del campo, que exigen un pago mínimo de $7,200 pesos para cubrir los costos reales de producción.

La decisión fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tras varias horas de negociación con dirigentes de organizaciones campesinas en la Secretaría de Gobernación (Segob). Pese al anuncio, los productores calificaron el acuerdo como “insuficiente y unilateral”, y confirmaron que mantendrán las movilizaciones hasta ser escuchados por la Presidencia.

El nuevo esquema incluye, además del precio de $6,050 pesos por tonelada, un crédito con tasa anual de 8.5% y un seguro agropecuario subsidiado. De acuerdo con la Sader, la cifra representa un aumento de cerca del 25% sobre el precio internacional de referencia, lo que —según la dependencia— busca equilibrar la competitividad sin distorsionar el mercado interno.

El programa aplicará inicialmente en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y se evaluará su posible extensión a otros estados productores en las próximas semanas.

Organizaciones campesinas denunciaron que el precio oficial no cubre los gastos de fertilizantes, diésel, transporte y mano de obra.

“Nosotros no queremos subsidios ni créditos caros, queremos un precio justo que reconozca nuestro trabajo”, declaró un productor de Sinaloa durante las manifestaciones.

Durante la jornada del lunes, se registraron bloqueos intermitentes en carreteras de Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Puebla, así como protestas frente a las oficinas de Segob, donde grupos de agricultores irrumpieron brevemente exigiendo la destitución del titular de la Sader, Julio Berdegué.

El trasfondo

La crisis del maíz blanco se suma a la presión por los costos de producción derivados del aumento en los combustibles y los fertilizantes importados. El maíz, base de la dieta nacional y pilar de la economía rural, enfrenta además la competencia de importaciones a menor precio, lo que los agricultores consideran una “competencia desleal”.

Especialistas advierten que, si no se logra un consenso, podrían verse afectadas las cadenas alimentarias y la producción nacional del grano, ya que muchos productores medianos evalúan abandonar la siembra para el próximo ciclo agrícola.

Las organizaciones rurales convocaron a una asamblea nacional campesina el próximo fin de semana, donde definirán si mantienen los bloqueos o inician nuevas medidas de presión.

Por su parte, la Sader reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que el nuevo precio “ya fue determinado con base en criterios técnicos y financieros”.

Mientras tanto, el descontento en el campo continúa creciendo y amenaza con convertirse en una de las mayores movilizaciones agrícolas de los últimos años.