El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora solicitó la renuncia de Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), y pidió esclarecer los señalamientos relacionados con contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral estatal.
La petición fue presentada el 27 de octubre por Luis Donaldo Coronado Rey, representante del PRI ante el instituto, mediante un escrito en el que planteó que se investigue la posible intervención de Ruiz en procedimientos de contratación y se aclaren sus presuntos vínculos con los hechos señalados.
El posicionamiento ocurre en medio de cuestionamientos sobre contratos otorgados a empresas relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), asunto que ha colocado bajo escrutinio las contrataciones realizadas en organismos electorales.
En su solicitud, la representación priista sostuvo que Nery Ruiz debe separarse del cargo mientras se esclarecen los hechos y las autoridades competentes determinan si existen responsabilidades.
El partido argumentó que las dudas sobre los procedimientos de contratación deben atenderse para preservar la confianza pública en las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.
“Es indispensable que prevalezcan la confianza ciudadana y la certeza institucional ante cualquier cuestionamiento que ponga en duda la credibilidad de nuestros órganos electorales”, señala el planteamiento atribuido al representante priista.
La exigencia se enfoca tanto en la permanencia de Ruiz al frente del IEE Sonora como en la necesidad de aclarar la actuación de funcionarios involucrados en los procesos de contratación cuestionados.
Los señalamientos se relacionan con adjudicaciones realizadas a empresas vinculadas con proveedores que también aparecen en cuestionamientos sobre contrataciones del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
De acuerdo con información difundida sobre el caso, en Sonora se han puesto bajo revisión contratos otorgados a compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Sin embargo, las acusaciones y posibles irregularidades deben distinguirse de las responsabilidades que, en su caso, determinen las investigaciones correspondientes.
El PRI busca que se esclarezca si existieron conflictos de interés o anomalías en los procedimientos y que se establezca qué funcionarios intervinieron en las decisiones administrativas.
Hasta el momento, la solicitud del partido constituye una exigencia política y administrativa para que se investiguen los hechos. No representa por sí misma una resolución que acredite responsabilidad de Nery Ruiz.
El caso mantiene la atención sobre las contrataciones de los organismos electorales y sobre las explicaciones que puedan ofrecer las autoridades involucradas.
