El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para incorporar la castración química como una medida aplicable a personas sentenciadas por delitos sexuales graves, propuesta que ha comenzado a generar debate nacional por su alcance legal, médico y ético.

La iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal para permitir que quienes sean declarados culpables de violación, pederastia, incesto o turismo sexual infantil reciban un tratamiento químico que reduzca de forma temporal el deseo sexual. El método consiste en la administración controlada de hormonas inhibidoras, considerado por los promoventes como un recurso “preventivo y rehabilitador”.

De acuerdo con el diputado priista Israel Betanzos, impulsor de la propuesta, la aplicación del tratamiento se realizaría bajo supervisión médica y se acompañaría de atención psicológica, con el argumento de que la combinación de ambas intervenciones podría disminuir la reincidencia entre agresores sexuales. El legislador sostiene que el procedimiento es reversible y afirma que existe experiencia internacional en países como Alemania, Dinamarca, Corea del Sur y algunas entidades de Estados Unidos.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que el tratamiento tendría una duración equivalente a la sentencia impuesta. Esto significa que si una persona recibe una condena de varios años, los inhibidores hormonales deberían seguir administrándose durante un periodo igual al de su pena, incluso después de obtener su libertad.

El PRI justifica la propuesta señalando que en México se registraron más de 65 mil denuncias por violación en 2024, cifra que consideran alarmante y suficiente para respaldar medidas más estrictas. Para los legisladores priistas, la castración química podría representar una herramienta adicional para proteger a víctimas y reducir los riesgos para la población.

A nivel local, iniciativas similares han sido presentadas en congresos estatales como el de Sonora, donde se ha propuesto aplicar inhibidores sexuales a agresores y ampliar penas para delitos como violación y abuso sexual, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos de especialistas en derechos humanos, quienes advierten que su aplicación podría entrar en conflicto con principios constitucionales si no se define con claridad el carácter voluntario, las condiciones médicas y los parámetros de supervisión del tratamiento. También señalan que la reducción química de la libido no necesariamente resuelve las causas conductuales o psicológicas detrás de algunos delitos sexuales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis, donde se espera que sea discutida junto con otras propuestas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, sanción y rehabilitación en casos de violencia sexual.