El descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec desató una nueva confrontación política, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizara directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador por lo ocurrido, al señalar que se trató de una obra construida con “improvisación, negligencia y sin criterios técnicos”.

A través de redes sociales y declaraciones públicas, el líder priista calificó el accidente como una consecuencia directa de la forma en que se planeó y ejecutó uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado. Afirmó que el gobierno de AMLO priorizó la propaganda política sobre la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

“Las tragedias no son casualidad cuando se gobierna sin planeación ni responsabilidad. El Tren Interoceánico se hizo al vapor, sin controles técnicos reales y hoy las consecuencias las paga la gente”, expresó Moreno, quien exigió una investigación a fondo y sanciones contra los responsables.

El accidente, ocurrido en el estado de Oaxaca, dejó personas fallecidas y decenas de heridos, lo que intensificó las críticas desde la oposición. El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto inaugurado en 2023 y presentado como una alternativa logística para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México.

En el mismo sentido, el senador priista Manuel Añorve cuestionó que la operación del tren esté a cargo de la Secretaría de Marina, una dependencia que —dijo— no cuenta con experiencia especializada en transporte ferroviario. Según el legislador, la militarización de obras civiles ha derivado en falta de supervisión técnica y en riesgos para los usuarios.

Añorve pidió que las operaciones del tren sean suspendidas de manera temporal hasta que se esclarezcan las causas del descarrilamiento y se garantice que la infraestructura cumple con estándares de seguridad.

Las críticas del PRI se suman a las de otros partidos de oposición, que también han solicitado auditorías, revisiones estructurales y transparencia en la operación del proyecto. Mientras tanto, el gobierno federal informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y atender a las víctimas del accidente.

El descarrilamiento ha reavivado el debate sobre el diseño, la ejecución y la operación de las grandes obras de infraestructura impulsadas durante el sexenio de López Obrador, así como sobre los riesgos de priorizar decisiones políticas por encima de criterios técnicos y de seguridad.