La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al Gobierno federal de estar incurriendo en una posible violación al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al retrasar el proceso relacionado con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que la administración federal estaría actuando de forma que debilita la cooperación bilateral en materia de justicia, al no dar curso inmediato a la solicitud presentada por Washington.

De acuerdo con la legisladora, esta postura no solo representa un conflicto diplomático, sino que también evidencia lo que calificó como un “pacto de impunidad” que protege a actores políticos vinculados al oficialismo, en lugar de priorizar el cumplimiento de acuerdos internacionales.

Viggiano sostuvo que el Gobierno de México estaría utilizando interpretaciones del tratado para frenar o dilatar el proceso de entrega, lo que —según su postura— pone en riesgo la relación bilateral en un momento clave de cooperación en seguridad y comercio.

El caso se desarrolla en medio de la presión de Estados Unidos, que ha solicitado acciones legales contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que ha intensificado la tensión diplomática entre ambos países.

El PRI advirtió que, de confirmarse una negativa o retraso injustificado en el proceso de extradición o detención provisional, México podría enfrentar consecuencias en su relación con Washington, particularmente en temas de seguridad fronteriza y comercio internacional.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado que exista una violación al tratado, mientras que la FGR ha sostenido que cualquier solicitud debe ser revisada conforme a derecho y sustentada con pruebas suficientes antes de proceder.

El debate ha escalado a nivel político, donde la oposición acusa opacidad y protección política, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de un proceso que debe respetar el debido proceso y la soberanía nacional.