La audiencia judicial relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue aplazada este viernes luego de que el senador de Morena, Javier Corral, no se presentara a la diligencia programada en la Ciudad de México.

El juez de control determinó diferir la sesión y fijar una nueva fecha para el próximo 2 de junio, donde el legislador deberá acudir en calidad de parte agraviada para continuar con el proceso.

El origen del caso está en una impugnación promovida por Corral contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal contra la mandataria estatal.

La denuncia señala presuntos delitos como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, relacionados con un intento de detención ocurrido en 2024 en la capital del país.

Sin embargo, al no presentarse el senador en la audiencia, el proceso no pudo continuar, lo que obligó a reprogramar la diligencia.

Durante la audiencia, el equipo legal de Maru Campos sostuvo que el caso se desarrolla en un contexto político y acusó que existe una intención de trasladar la investigación al ámbito federal.

Según sus abogados, el objetivo sería que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente, lo que —aseguran— podría influir en el desarrollo del proceso.

También señalaron que la defensa busca evitar que presiones externas deriven en la reapertura de una carpeta de investigación que previamente fue cerrada por falta de elementos.

El conflicto entre Maru Campos y Javier Corral tiene antecedentes desde la sucesión en el gobierno de Chihuahua, y se ha intensificado en los últimos meses con denuncias cruzadas y acusaciones de persecución política por ambas partes.

Por un lado, la gobernadora ha señalado que enfrenta una ofensiva desde el ámbito federal; mientras que el senador morenista ha rechazado esa versión y sostiene que el proceso es un trámite legal derivado de su denuncia

Si Javier Corral no acude a la próxima audiencia, el recurso de impugnación podría quedar sin materia, lo que confirmaría la decisión de no proceder penalmente contra la gobernadora.

En caso contrario, el proceso continuará con el análisis judicial de los elementos presentados por ambas partes, en un caso que se mantiene bajo fuerte atención política y mediática.