El Poder Judicial de la Federación adjudicó de manera directa contratos por más de 268 millones de pesos para la compra de vehículos, en medio de la controversia generada semanas atrás por la adquisición de camionetas blindadas para ministros de la Suprema Corte. 

De acuerdo con el reporte, los contratos contemplan la compra de unidades de distintas marcas —entre ellas Mazda— como parte de un plan institucional para renovar la flotilla oficial. La decisión ha reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos y la política de austeridad dentro del máximo órgano judicial. 

Antecedente: críticas por vehículos blindados

La nueva Suprema Corte había enfrentado cuestionamientos por la compra de camionetas con protección balística destinadas a garantizar la seguridad de sus integrantes. Tras la polémica, el propio tribunal anunció que no utilizaría esas unidades y buscaría devolverlas o reasignarlas a juzgadores que enfrentan mayores riesgos. 

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó entonces que el compromiso del tribunal es con la austeridad y que “la seguridad no implica lujo”, al reconocer los cuestionamientos públicos sobre ese gasto. 

Debate sobre austeridad y gasto público

La adquisición de nuevos vehículos vuelve a colocar al Poder Judicial bajo escrutinio, particularmente por el contraste entre las medidas de contención del gasto y las inversiones en transporte oficial. 

Semanas antes, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum consideró positivo que la Corte desistiera de adquirir camionetas nuevas, al recordar que la medida estaba ligada al fin de un contrato de arrendamiento y que se esperaba un ahorro significativo al comprar en lugar de rentar. 

Continúa la discusión pública

El tema forma parte de un contexto más amplio de exigencias de transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto del Poder Judicial, donde cada decisión de gasto es observada por actores políticos y la opinión pública.