El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima. La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela, quien calificó el gesto de México como un “acto inamistoso e inaceptable” que vulnera los principios de no intervención y respeto a la soberanía nacional.

Chávez, quien fue jefa del gabinete del expresidente Pedro Castillo, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022, episodio que desencadenó la caída del entonces mandatario. La exfuncionaria ingresó a la embajada mexicana hace varias semanas, y el Gobierno de México confirmó que había decidido concederle asilo tras evaluar su solicitud.

“La decisión de otorgar asilo a una persona investigada por graves delitos constituye una intromisión directa en los asuntos internos del Estado peruano”, declaró De Zela en conferencia de prensa. “Ante ello, el Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México sostuvo que la concesión de asilo político “responde a una tradición histórica y humanitaria del Estado mexicano” y aseguró que se ha actuado conforme al derecho internacional, particularmente a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

Fuentes diplomáticas en la Cancillería mexicana indicaron que la ruptura “no implica necesariamente el cierre de servicios consulares” y que México mantendrá la protección de sus ciudadanos en territorio peruano a través de mecanismos alternativos.

El gobierno mexicano no respondió directamente a las acusaciones de intromisión, pero funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador señalaron que “México no puede negar protección a quien teme persecución política”.

Las relaciones entre ambos países ya atravesaban un periodo de tensión desde 2022, cuando México —junto con otros gobiernos de la región— cuestionó la legitimidad del mandato de Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, surgida tras la destitución de Castillo.

Desde entonces, los intercambios diplomáticos se habían reducido al mínimo y ambos gobiernos mantenían posturas enfrentadas sobre la situación política peruana.

Con esta decisión, Perú se convierte en el tercer país sudamericano en romper vínculos diplomáticos con México en la última década, aunque se espera que los canales consulares y comerciales permanezcan abiertos, al menos de forma temporal.

Analistas consultados señalan que la ruptura podría tener un impacto político mayor que económico, ya que el comercio bilateral entre ambos países representa menos del 0.5 % de las exportaciones de cada nación. Sin embargo, advierten que el distanciamiento consolida la división ideológica que desde hace tiempo separa a varios gobiernos latinoamericanos.

El episodio marca un nuevo punto de fricción entre Lima y Ciudad de México, cuyos gobiernos mantienen visiones opuestas sobre la democracia, la soberanía y el papel del asilo político en la región.

Mientras Perú denuncia “protección indebida a prófugos de la justicia”, México defiende su derecho a ofrecer refugio frente a lo que considera persecuciones políticas.

En medio de las declaraciones cruzadas, ambos países parecen dispuestos a mantener sus posiciones.

Y aunque la ruptura diplomática podría suavizarse con el tiempo, por ahora deja claro que la distancia entre ambos gobiernos no es solo geográfica, sino política.