Hermosillo, Son., diciembre 15 de 2022.- La LXIII Legislatura de Sonora clausuró hoy su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, previa aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los 72 municipios para el ejercicio fiscal 2023, de las cuales, 35 pasaron el trámite como las aprobaron en sus ayuntamientos y 37 fueron modificadas, a efecto de eliminar todas aquellas disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos aprobadas con modificaciones son: Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Bacanora, Bácum, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, H. Cananea, Carbó, Cajeme, H. Caborca, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, H. Guaymas de Zaragoza.
También las de Huatabampo, Ímuris, Magdalena de Kino, Moctezuma, Navojoa, H. Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, H. Ures y Villa Hidalgo, y en uno de los considerandos del dictamen establece que los derechos humanos que se hubieran visto afectados son: acceso a la información, libertad de expresión, libertad de reunión e intimidad, no discriminación e impuestos adicionales.
Las leyes de ingresos que afectaban el derecho de acceso a la información son las de Agua Prieta, Bácum, Banámichi, Cananea, Cajeme, Empalme, Fronteras, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, este último, junto con Carbó, Caborca, Etchojoa, Granados, Magdalena, Navojoa, Oquitoa, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, General Plutarco Elías Calles y Ures, Sonora, contravenían el derecho a la no discriminación por razón de condición, se asienta en el dictamen.
La dictaminadora se percató que, al proponer lineamientos en sus respectivas leyes de ingresos que condicionen o bien se requiera permiso o autorización para realizar fiestas familiares, como plantearon los ayuntamientos de Arizpe, Bacanora, Bacoachi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Empalme, Ímuris, Rayón y Villa Hidalgo, Sonora, dichas propuestas no eran viables, toda vez que colisionaban el derecho a la libertad de reunión y derecho a la intimidad.
Álamos, Cajeme y Guaymas proponían disposiciones que atentan contra este derecho y el relativo a la no discriminación; este último y Nogales también afectaban el derecho a la libertad de expresión, dice el considerando, en tanto el Ayuntamiento de Puerto Peñasco incurría en el cobro de impuestos adicionales, ya que no especificaba los conceptos a los que se les aplicaría ni la justificación de los mismos.
El dictamen se aprobó por unanimidad en lo general y mayoría en lo particular. En esta última votación no aprobaron las bancadas de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.
En esta sesión ordinaria, la Comisión de Hacienda presentó el proyecto de Decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2023, las cuales representan un factor esencial para las haciendas municipales, dado que son la fuente de ingresos más importante en virtud del monto, permanencia y regularidad, establece.
De acuerdo al dictamen aprobado por mayoría, es conveniente mantener para 2023 los factores de distribución de participaciones vigentes en el presente año ya que, de ser modificados mediante la aplicación de nuevas fórmulas de distribución, podría agudizar para ciertos municipios los desequilibrios financieros derivados de una eventual caída en sus ingresos públicos, leyó la diputada Celeste Taddei Arriola.
En este punto del orden del día, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, propuso modificar el segundo párrafo del inciso A) del Artículo 3° del Decreto, por considerar que las participaciones se entregarían con base en el censo de población de 2000, lo cual violentaría diversas disposiciones federales, pero la propuesta no fue aprobada por la mayoría y quedó como la presentó la Comisión de Hacienda.
A este punto se sumó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, como lo manifestó el diputado Jorge Eugenio Russo Salido, por lo que este dictamen fue aprobado por mayoría en lo particular, con el voto en contra de ambas bancadas.
Aprueban decretos y turnan iniciativas a estudio
Los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del orden del día se aprobaron por unanimidad de la asamblea y consistieron en dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, del Código Penal, de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley de responsabilidades y sanciones, de la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres, y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, presentaron el dictamen con proyecto de Decreto que, con base a una iniciativa de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presentada ante el Pleno del Congreso del 19 de abril de 2022, actualiza el marco normativo estatal en la materia con una acción que busca incrementar la protección de la mujer embarazada en el ámbito laboral, además de que, derivado de ello, se protege también al producto en gestación.
En el siguiente punto del orden del día, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó el proyecto de Decreto que adiciona una nueva fracción al Artículo 9 de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, propuesta que el 13 de septiembre de 2022 presentaran las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y cuyo objeto es establecer como discriminación el hecho de limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos.
Se reconoce además el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez, y la misma dictaminadora presentó el proyecto de Decreto que adiciona los artículos 308 BIS F y 308 BIS G al Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de sancionar, específicamente, que se haga uso de vehículos rentados para la comisión de delitos, acción que realizan los delincuentes para no arriesgar su patrimonio durante esos eventos, destaca.
El dictamen con proyecto de Decreto se elaboró al estudiar la iniciativa que el pasado 6 de septiembre presentaron las y los diputados Rosa Elena Trujillo Llanes, Natalia Rivera Grijalva, Ernestina Castro Valenzuela, Ernesto De Lucas Hopkins, Jorge Eugenio Russo Salido, Héctor Raúl Castelo Montaño e Iram Leobardo Solís García, quienes entonces propusieron y así fue aprobado hoy, castigar aquellos casos en los que un sujeto activo se aproveche de la licitud que le otorga la posesión de un automóvil arrendado, para venderlo todo o en partes.
El cuarto Decreto aprobado se fundamenta en iniciativas que el 5 y 20 de octubre de 2021 presentara la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, a efecto de establecer la atribución a los ayuntamientos para que diseñen, formulen y apliquen campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo con perspectiva de género, además de fomentar la participación social, política y ciudadana, dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
En esta sesión ordinaria se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora, a efecto de reconocer a la comunidad indígena Apaches Lipan (Apaches Chiricahua, Coyotero), con asentamiento y residencia habitual permanente en el Estado de Sonora, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas.
Asimismo, se reconocen los derechos colectivos de las demás etnias indígenas que, provenientes de otros estados, residen de forma temporal o permanente dentro del territorio del Estado de Sonora, y que tienen derecho a conservar y desarrollar su lengua, costumbres, usos, tradiciones, religión, indumentaria y, en general, todos aquellos rasgos culturales que los distingan, de conformidad con los principios que establece la legislación.
La presidenta de la mesa directiva, Diana Karina Barreras Samaniego, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de responsabilidades y sanciones para el Estado de Sonora, presentada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela y el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a fin de establecer el impedimento legal a los servidores públicos del Estado, a efecto de que omitan aprovecharse de la propaganda gubernamental para promover su imagen personal.
Y a la Comisión de Asuntos Indígenas se envió para estudio la iniciativa presentada por el diputado Arturo Robles Higuera, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de instituir en dicha legislación el foro anual de los pueblos y comunidades indígenas, para que sea un espacio de encuentro entre las autoridades gubernamentales estatales y municipales con los habitantes de esas regiones, de manera que puedan elaborar y dar a conocer un diagnóstico sobre la situación en la que viven.
La Presidenta del Congreso del Estado informó a sus compañeros legisladores y ciudadanía en general que, de conformidad con el Artículo 72, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la mesa directiva actual continuará en funciones durante el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional (diciembre 15 de 2022-enero 31 de 2023).
Al frente de los trabajos de la Diputación Permanente estarán las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta; Rebeca Irene Silva Gallardo, vicepresidenta; Alma Manuela Higuera Esquer, secretaria; Margarita Vélez De la Rocha, suplente; y el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, suplente.
Una vez aprobado el Decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, diputadas, diputados y público en general entonaron el Himno Nacional.
Con oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso para la celebración de la primera sesión ordinaria de la Diputación Permanente.
