Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados han denunciado lo que califican como un “sabadazo” legislativo por parte de la bancada de Morena. Acusan que la convocatoria a las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo se realizó de manera unilateral y apresurada, sin el acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El diputado Federico Döring (PAN) calificó la acción como una “marranada legislativa” y una “trampa” para complicar y sabotear la discusión de la minuta. Señaló que el micrositio habilitado para el registro de participantes estuvo inoperante durante horas, impidiendo la inscripción de colegios y barras de abogados. Además, criticó la falta de claridad sobre los horarios y los criterios de selección de los ponentes.
Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, coincidió en que el proceso carece de transparencia y no permite una participación amplia y plural. Aseguró que la reforma busca acotar el interés legítimo y restringir las suspensiones, dejando indefensos a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Ambos partidos advierten que la reforma podría tener implicaciones negativas para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos ciudadanos. Además, señalan que el dictamen busca blindar la recaudación fiscal y facilitar la recuperación de créditos fiscales estimados en dos billones de pesos, elementos clave para financiar los programas sociales prioritarios del gobierno.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha intervenido para eliminar la cláusula de retroactividad de la reforma, que permitía su aplicación a juicios de amparo en curso. Esta medida busca zanjar las disputas surgidas entre distintas facciones del oficialismo y dentro del propio gabinete. Sin embargo, la oposición mantiene sus críticas al proceso legislativo y al contenido de la reforma.
