El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, cuestionó a Ricardo Monreal por reconocer que tenía conocimiento previo de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei y posibles conflictos de interés en contrataciones.

Lixa señaló que, si el coordinador de Morena sabía desde hace dos o tres meses de la situación, debió informar oportunamente a los demás grupos parlamentarios, en lugar de mantener la información fuera del debate legislativo.

El cuestionamiento se produce después de que Monreal reconociera públicamente que sabía de las indagatorias del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El legislador explicó que conocía la existencia de investigaciones por posibles irregularidades y conflictos de interés, aunque los procedimientos todavía no han concluido.

Monreal sostuvo que no hizo pública la información porque las indagatorias se encuentran en curso y corresponde a las instancias fiscalizadoras desarrollar sus investigaciones, desahogar pruebas y determinar si existen responsabilidades. También argumentó que los diputados no pueden intervenir en procedimientos que deben realizarse con autonomía.

Los señalamientos sobre el INE incluyen presuntas irregularidades en contrataciones y posibles vínculos entre funcionarios y proveedores. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución definitiva que determine responsabilidades por los hechos investigados.

La controversia ocurre en medio de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo electoral y del proceso que deberá seguir la Cámara de Diputados para elegir a quien la sustituya.

Monreal ha sostenido que la salida de Taddei no debe detener las investigaciones y que las autoridades competentes deben llegar hasta el fondo de los señalamientos. También afirmó que las personas involucradas tienen derecho a defenderse y que no deben ser condenadas anticipadamente.

La postura del PAN abre un nuevo cuestionamiento político sobre cuándo se conocieron las investigaciones, quiénes tenían información sobre ellas y si debió existir una comunicación previa entre las fuerzas parlamentarias. La determinación de posibles faltas administrativas o delitos corresponde, no obstante, a las autoridades encargadas de las indagatorias.