La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó este jueves a Estados Unidos a detener de inmediato los ataques contra embarcaciones que, según Washington, estarían vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. La organización internacional advirtió que estas operaciones podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, al no demostrar que las personas a bordo representaban una amenaza inminente.
Según la ONU, hasta finales de octubre de 2025, estos ataques habrían causado al menos 60 muertes, en su mayoría en aguas internacionales, donde no se ha constatado la existencia de un conflicto armado formal que justifique el uso de fuerza letal indiscriminada. La oficina de derechos humanos señaló que estas acciones no cumplen con los estándares del derecho internacional ni del derecho marítimo, y podrían considerarse violaciones graves de los derechos humanos.
“El uso de la fuerza letal debe ser siempre una medida de último recurso y proporcional al riesgo inmediato”, señaló Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Estos ataques no parecen cumplir con ese principio y, por lo tanto, resultan inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional”, agregó.
La ONU hizo un llamado a Estados Unidos para que lleve a cabo investigaciones independientes, transparentes y rápidas sobre cada ataque, y subrayó que la lucha contra el narcotráfico no justifica operaciones militares que pongan en riesgo la vida de personas en aguas internacionales. Además, instó a que, incluso ante sospechas de narcotráfico, las acciones se ajusten a los estándares de interdicción marítima y uso proporcional de la fuerza.
El tema ha generado preocupación en la región. Países como Colombia han manifestado que estas operaciones podrían vulnerar la soberanía nacional y los principios del derecho internacional, mientras que expertos y analistas recuerdan que la calificación de “narco-terroristas” por parte de Estados Unidos no exime a su gobierno del cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos.
Por su parte, Estados Unidos defiende sus acciones argumentando que se trata de medidas necesarias para combatir el narcotráfico y proteger la seguridad regional. Sin embargo, la ONU enfatiza que la intervención militar en aguas internacionales debe estar estrictamente regulada y no puede convertirse en una forma de aplicar justicia de manera unilateral.
La situación continúa bajo escrutinio internacional, mientras la ONU solicita informes y compromisos claros para evitar nuevas muertes y garantizar el respeto a los derechos humanos en el Caribe y el Pacífico.



































