El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que en México existen indicios de que las desapariciones forzadas han alcanzado niveles que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a su carácter generalizado y sistemático.

El organismo, adscrito a la Organización de las Naciones Unidas, señaló que este tipo de delitos no ocurren de manera aislada, sino que responden a patrones persistentes que afectan a amplios sectores de la población civil en distintas regiones del país.

En su pronunciamiento, el Comité destacó que ha identificado elementos que podrían encuadrar en la definición internacional de crímenes de lesa humanidad, lo que implica la posible comisión de actos como parte de un ataque sistemático contra la población.

Ante este escenario, el organismo tomó la decisión de solicitar que la situación de México sea considerada por la Asamblea General de la ONU, en una medida poco frecuente que refleja la gravedad del problema.

México enfrenta desde hace años una crisis en materia de desapariciones, con más de 100 mil personas reportadas como no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales y registros de organismos nacionales.

El Comité advirtió que, en algunos casos, estas desapariciones podrían involucrar la participación, aquiescencia o tolerancia de servidores públicos, además de la intervención de grupos del crimen organizado.

No obstante, el organismo precisó que no cuenta con elementos que acrediten la existencia de una política sistemática del Estado mexicano para cometer estos delitos.

El informe también subraya problemas estructurales como:

  • Altos niveles de impunidad
  • Deficiencias en las investigaciones
  • Falta de coordinación institucional
  • Rezago en la identificación forense

Estos factores, indicó, dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como el esclarecimiento de los casos.

El gobierno mexicano rechazó los señalamientos del Comité, al considerar que el informe no refleja los avances recientes en la materia y presenta una visión parcial de la situación.

Sin embargo, el organismo internacional sostuvo que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

De ser abordado por la Asamblea General, el caso podría derivar en una mayor atención internacional, así como en recomendaciones y mecanismos de seguimiento para el Estado mexicano.

Especialistas advierten que este señalamiento coloca a México bajo un escrutinio global más riguroso en materia de derechos humanos.