La Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México, tras identificar indicios de que las desapariciones forzadas en el país podrían ser “sistemáticas y generalizadas”. Este mecanismo permite al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentar el caso ante la Asamblea General de la ONU si considera que la situación lo amerita.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó las afirmaciones del CED, calificándolas de “carentes de sustento”. En un comunicado, la SRE subrayó que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional y que combate la desaparición de personas mediante políticas de Estado enfocadas en la prevención, investigación y sanción.
Pese al rechazo del gobierno, colectivos de víctimas y organizaciones no gubernamentales (ONG) consideran esta activación como una oportunidad histórica para lograr la rendición de cuentas en torno a las desapariciones forzadas en el país.
Este pronunciamiento de la ONU se da en un contexto crítico: México reconoce oficialmente cerca de 134,000 personas desaparecidas, mientras que la comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación desde hace más de una década, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
