La reciente designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ocurre en medio de cuestionamientos por una denuncia presentada en 2025 que lo vincula con presuntas auditorías “a modo” para beneficiar a gobiernos estatales.

Hernández Palacios fue elegido por la Cámara de Diputados de México para encabezar el órgano fiscalizador durante el periodo 2026-2034, tras obtener 472 votos a favor en el pleno legislativo, con lo que sucederá en el cargo a David Colmenares Páramo. 

Antes de su nombramiento, el economista veracruzano se desempeñaba como auditor especial del Gasto Federalizado, una de las áreas más sensibles de la ASF, encargada de revisar cómo los gobiernos estatales y municipales ejercen los recursos federales. 

Sin embargo, la llegada de Hernández Palacios a la titularidad del órgano encargado de vigilar el gasto público ha reavivado una denuncia interna presentada en 2025 ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento citado en reportajes periodísticos, un funcionario de la ASF acusó la existencia de prácticas opacas en auditorías al gasto federalizado, donde supuestamente se aplicaba un trato distinto a los gobiernos estatales dependiendo de acuerdos previos o afinidades políticas. 

El denunciante señaló que en algunos casos irregularidades millonarias detectadas en estados y municipios no derivaban en observaciones formales, sino que se reducían a simples solicitudes de aclaración o quedaban sin seguimiento. Según el testimonio, esto ocurría después de supuestos acuerdos entre funcionarios de la ASF y autoridades locales. 

Entre los ejemplos señalados en la denuncia se menciona que casos similares de irregularidades recibieron tratamientos distintos dependiendo de la entidad auditada, lo que alimentó las sospechas de un posible manejo discrecional de los procesos de fiscalización.

El reportaje que reveló estas acusaciones describe la existencia de una estructura interna que habría operado para negociar resultados de auditorías con gobiernos estatales, evitando que observaciones millonarias se convirtieran en pliegos formales de responsabilidades administrativas o denuncias penales. 

Aunque la denuncia fue presentada ante la instancia legislativa encargada de supervisar a la ASF, no derivó en sanciones públicas ni en un proceso formal contra Hernández Palacios, por lo que el caso quedó sin consecuencias visibles.

No obstante, el señalamiento ha cobrado relevancia nuevamente tras su nombramiento como titular del máximo órgano encargado de fiscalizar el uso del dinero público federal en México.

La elección de Hernández Palacios se produjo después de que el Congreso decidiera no reelegir a David Colmenares, quien dirigió la ASF desde 2018 y fue criticado por diversos sectores por el desempeño del organismo durante su gestión. 

La ASF es la institución responsable de revisar el uso de los recursos públicos federales, evaluar el desempeño de programas gubernamentales y detectar posibles irregularidades en el gasto de dependencias federales, estados y municipios.

Por ello, especialistas han señalado que la credibilidad y autonomía del nuevo titular serán claves para determinar si la institución fortalece su papel de vigilancia del gasto público o si persisten las dudas sobre su independencia.