El Congreso de México aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que se establecen penas que pueden llegar hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito bajo circunstancias agravantes. La legislación unifica por primera vez la definición de extorsión en todo el país y busca cerrar vacíos legales que permitían discrepancias entre estados.
La pena base establecida en la ley va de 15 a 25 años, pero puede aumentar cuando la extorsión se realice mediante violencia, involucre a autoridades, afecte a personas vulnerables o se ejecute desde centros penitenciarios mediante llamadas o sistemas de telecomunicación. También se sancionará a servidores públicos que faciliten, encubran o no denuncien estos actos.
Uno de los cambios más relevantes es que la extorsión será investigada de oficio, lo que permite iniciar procesos sin que la víctima presente denuncia. La ley también habilita la denuncia anónima, con el fin de proteger a personas que temen represalias. Además, las fiscalías deberán crear unidades especializadas para atender este delito, que en los últimos años ha registrado un incremento sostenido en su incidencia.
Tras su aprobación en Diputados, la nueva norma fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, marcando uno de los ajustes legales más amplios en la lucha contra la extorsión en México.
