Nueva York, 5 de enero de 2026 — El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Manhattan, Estados Unidos, en una audiencia relacionada con un pliego de cargos federales por narcotráfico, narco‑terrorismo y delitos conexos.
Maduro, que fue trasladado desde Caracas tras una operación estadounidense, se declaró “no culpable” de todos los cargos a través de un intérprete y afirmó ante el juez que es “inocente” y “un hombre decente”, además de insistir en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.
Durante la breve audiencia judicial, el mandatario declaró en español frases como “soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se menciona aquí” y agregó que fue capturado en su casa en Caracas, describiendo su detención como un acto injusto.
La audiencia estuvo presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein. No se leyó íntegramente el pliego de cargos en esa comparecencia, y el magistrado acordó registrar formalmente la declaración de no culpabilidad.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, también compareció ante la corte y se declaró “completamente inocente” de los cargos presentados en su contra.
Ambos, vestidos con ropa oscura de detenidos, permanecieron en la audiencia sin solicitar libertad bajo fianza por el momento, y se informó que continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso.
El tribunal fijó una nueva audiencia procesal para el 17 de marzo de 2026, donde avanzará el calendario judicial.
Los cargos presentados incluyen conspiración para importar cocaína y narco‑terrorismo —delitos que, de ser probados, podrían acarrear penas muy severas, incluso de cadena perpetua.
Este caso se desarrolla en medio de una situación política profundamente tensa entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de EE. UU. ordenó la operación militar que culminó con la captura de Maduro, lo que ha generado un amplio debate internacional sobre la legalidad de la acción y las implicaciones diplomáticas.
Organismos internacionales, gobiernos regionales y grupos de derechos humanos siguen de cerca el caso y han expresado dudas o apoyo en distintos grados sobre las acciones estadounidenses.
