La exigencia de que deje la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE) no modificó la postura de Nery Ruiz Arvizu: el funcionario aseguró que no tiene motivos jurídicos para renunciar y rechazó que exista un conflicto de interés en las contrataciones electorales que ahora están bajo cuestionamiento.

En una conferencia de prensa realizada este viernes 30 de octubre, Ruiz respondió a los señalamientos que lo relacionan con Guadalupe Taddei Zavala y con empresas proveedoras de material electoral. Su defensa se centró en que haber ocupado anteriormente la Dirección Jurídica del instituto no significa que haya participado en irregularidades ni que tuviera una obligación legal de separarse del cargo.

El consejero presidente sostuvo que las acusaciones mezclan situaciones distintas para intentar establecer una relación que, desde su perspectiva, no existe. También negó tener intereses personales o comerciales que configuren un conflicto de interés con las compañías señaladas.

Sobre una de las empresas que ha sido mencionada en los cuestionamientos, Ruiz reconoció que obtuvo contratos con el organismo electoral sonorense. Sin embargo, argumentó que también prestó servicios a otros 10 institutos electorales del país, por lo que consideró que su participación en los procedimientos de Sonora no demuestra por sí sola una irregularidad.

El funcionario insistió en que no existe fundamento para exigirle que abandone la presidencia del IEE. “No hay ninguna razón para que yo me deba separar del cargo”, expresó.

El PRI lleva el caso ante el INE

La postura de Ruiz se conoció después de que el PRI en Sonora acudiera al Instituto Nacional Electoral para presentar una denuncia y solicitar que se revisen contratos de adquisición de material electoral.

La dirigente estatal del partido, Lupita Soto Holguín, acompañada por Luis Donaldo Coronado Rey, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEE, entregó el recurso en las oficinas del INE en Hermosillo.

El partido puso bajo revisión cinco contratos correspondientes al periodo de 2017 a 2025, cuyo monto conjunto, según los datos presentados por la dirigencia priista, ronda los 157 millones de pesos. De esa cantidad, 89 millones corresponderían a contrataciones realizadas durante la gestión de Ruiz, mientras que el resto se relacionaría con el periodo de Taddei al frente del organismo estatal.

Entre los puntos que el PRI pide investigar están la participación de empresas presuntamente relacionadas entre sí, las condiciones en que se realizaron algunas adjudicaciones y la supervisión de los materiales entregados al instituto.

Además de solicitar que se esclarezcan las contrataciones, el partido exigió la salida de Ruiz de la presidencia del organismo y pidió que las autoridades fiscalizadoras revisen los procedimientos.

Hasta ahora, las acusaciones del PRI y la respuesta del consejero presidente representan posiciones enfrentadas sobre los mismos hechos. La denuncia no acredita por sí misma la comisión de faltas o delitos, mientras que la negativa de Ruiz tampoco sustituye la revisión de los contratos. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.