El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una acusación penal federal que señala a altos funcionarios del gobierno de Venezuela por presuntos delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración criminal, según documentos judiciales presentados ante una corte federal en Nueva York.

Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” o “El Príncipe”, es señalado por fiscales estadounidenses como parte de una red que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos, en coordinación con organizaciones criminales transnacionales.

La acusación también menciona a otras figuras del oficialismo venezolano, entre ellas a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, a quienes se les atribuye haber brindado protección, apoyo logístico y cobertura institucional a operaciones de tráfico de drogas durante varios años, según el documento judicial presentado por Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscalía, Maduro Guerra habría participado en reuniones con narcotraficantes y grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC, con el objetivo de asegurar rutas, protección y acuerdos para el transporte de droga. Entre los episodios citados figura un encuentro ocurrido en 2020 en Medellín, Colombia, que es presentado por las autoridades estadounidenses como parte de esa presunta coordinación criminal.

El documento judicial sostiene que estas alianzas habrían incluido vínculos con cárteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos y organizaciones criminales de origen venezolano, en un esquema que, según la acusación, operaba de manera sistemática y con conocimiento de altos niveles del poder político.

Entre los delitos imputados figuran conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas de guerra. Las autoridades estadounidenses consideran que estos cargos podrían acarrear penas severas, incluida cadena perpetua, en caso de una eventual condena.

No obstante, expertos legales subrayan que una acusación formal no equivale a una sentencia y que los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad tras un proceso judicial.

Las acusaciones se inscriben en una investigación de largo plazo de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre el poder político venezolano y el narcotráfico, una tesis que el gobierno de Caracas ha rechazado de forma reiterada, calificándola como una persecución política y una violación a la soberanía del país.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reconocido validez alguna a los cargos y han negado cualquier participación de Maduro Guerra en actividades criminales.