La joven Noelia Castillo, de 25 años, falleció tras recibir la eutanasia luego de un prolongado proceso legal que duró más de 600 días, convirtiéndose en un caso emblemático sobre el derecho a la muerte digna en España.
Castillo padecía paraplejia irreversible y dolor físico y psicológico crónico, secuelas de un intento de suicidio en 2022 tras una agresión sexual. Ante su situación, en 2024 solicitó acceder a la eutanasia bajo la legislación española vigente.
Sin embargo, su decisión fue impugnada por su padre, quien, con el respaldo de una organización conservadora, promovió diversos recursos legales para impedir el procedimiento, argumentando que la joven no tenía plena capacidad para decidir.
El caso recorrió múltiples instancias judiciales en España e incluso llegó al ámbito internacional. Tribunales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaron el derecho de Castillo a decidir sobre su vida, desestimando los intentos por frenar la eutanasia.
Pese a contar con aprobación médica y legal, el proceso se retrasó debido a los recursos presentados, lo que prolongó el procedimiento durante casi dos años.
Finalmente, el 26 de marzo de 2026, Castillo recibió la eutanasia en un centro médico en Cataluña, en un procedimiento regulado que garantiza una muerte sin dolor.
Su caso se ha convertido en un precedente en la aplicación de la ley de eutanasia en España, al evidenciar tensiones entre el derecho individual a decidir y la intervención de terceros en procesos legales.
Además, reavivó el debate público sobre la eutanasia, la autonomía personal y los límites legales en decisiones sobre la propia vida, así como el impacto de la desinformación y los litigios en este tipo de procedimientos.
