Comunidades indígenas, pescadores y colectivos ambientalistas en el norte de Sinaloa mantienen su oposición a la construcción de una planta de metanol en el puerto de Topolobampo, un megaproyecto industrial respaldado por inversión extranjera que ha generado un fuerte conflicto social en la región.
El proyecto, conocido como Pacífico Mexinol, contempla una inversión superior a los 3 mil 300 millones de dólares y busca producir miles de toneladas de metanol con tecnología de bajas emisiones, posicionándose como uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos del país.
Sin embargo, comunidades indígenas mayo-yoremes y cooperativas pesqueras han denunciado que la obra fue autorizada sin una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha detonado protestas y acciones legales.
Las tensiones escalaron recientemente cuando manifestantes irrumpieron en el evento de colocación de la primera piedra, obligando a suspender el acto y evidenciando el rechazo social al proyecto.
Los opositores advierten que la planta podría afectar gravemente el ecosistema de la bahía de Ohuira y poner en riesgo el sustento de cientos de familias que dependen de la pesca en la zona.
Además, el conflicto ya se trasladó al ámbito legal, donde comunidades han promovido amparos y adelantaron que están dispuestas a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es necesario.
Por su parte, autoridades estatales han defendido el proyecto como un motor de desarrollo económico y generación de empleos, aunque han reconocido la necesidad de realizar consultas y revisar el proceso ante la presión social.
El caso refleja el choque entre megaproyectos energéticos y los derechos de las comunidades indígenas, un tema que continúa generando debate en distintas regiones del país.
