La discusión de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal —conocida como “Plan B”— fue pospuesta en el Senado ante la falta de consensos dentro del bloque oficialista, lo que obliga a Morena a reconfigurar su estrategia legislativa en un momento clave del calendario político.

De acuerdo con legisladores y reportes recientes, las comisiones unidas encargadas de dictaminar la iniciativa cancelaron la reunión prevista para esta semana, dejando en suspenso su eventual aprobación y trasladando el debate, previsiblemente, hasta después del periodo de Semana Santa. 

El aplazamiento ocurre en medio de tensiones entre Morena y sus aliados, particularmente el Partido del Trabajo (PT) y, en menor medida, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos votos son indispensables para alcanzar la mayoría calificada.

El principal punto de conflicto gira en torno a la revocación de mandato presidencial. Mientras la propuesta original plantea empatar este ejercicio con las elecciones intermedias de 2027, el PT ha condicionado su respaldo a modificar la fecha para evitar una posible influencia electoral del Ejecutivo federal. 

Estas diferencias reflejan una fractura interna que ya había quedado expuesta semanas atrás, cuando la reforma constitucional original fue rechazada en la Cámara de Diputados por no reunir los votos necesarios. 

Senadores de Morena han insistido en que el proyecto no está detenido, sino en fase de revisión técnica y política, incorporando observaciones de legisladores, gobiernos estatales e incluso del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Entre las preocupaciones planteadas destacan los posibles efectos de la reforma en la integración de ayuntamientos y congresos locales, así como la necesidad de evitar desequilibrios entre entidades federativas.

Además, reuniones clave —incluyendo encuentros con autoridades electorales— han sido pospuestas, lo que confirma que el dictamen aún está lejos de consolidarse.

El llamado “Plan B” surge como una alternativa tras el fracaso de la reforma constitucional más amplia impulsada por el Ejecutivo. A diferencia de aquella propuesta, esta versión reduce su alcance y se enfoca en ajustes específicos, entre ellos:

  • Reducción del gasto electoral y de estructuras locales
  • Disminución del número de regidores y ajustes en cabildos
  • Límites salariales para funcionarios públicos
  • Cambios en los mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato 

Sin embargo, varios de los cambios estructurales originalmente planteados —como la eliminación de legisladores plurinominales o una reforma profunda al sistema electoral— quedaron fuera por falta de consenso político. 

El aplazamiento coloca presión adicional sobre Morena, que enfrenta plazos legales ajustados: el periodo ordinario del Congreso concluye el 30 de abril, y cualquier cambio electoral que pretenda aplicarse en 2027 debe aprobarse a más tardar en mayo.

Aunque los legisladores no descartan que la reforma avance en abril o incluso en un periodo extraordinario, el escenario actual evidencia que la aprobación no está garantizada.

En paralelo, el gobierno federal ha buscado mantener la cohesión de su coalición mediante acuerdos políticos con sus aliados, aunque las diferencias de fondo persisten. 

Más allá del calendario, el “Plan B” se ha convertido en una prueba de fuego para la mayoría oficialista. La necesidad de negociar cada voto, sumada a las reservas de sus propios aliados, muestra que la reforma electoral enfrenta más obstáculos políticos que técnicos.

Por ahora, el proyecto no está descartado, pero sí atrapado en una etapa de negociación que definirá no sólo su contenido final, sino también el futuro de la coalición gobernante rumbo a los próximos procesos electorales.