La definición de los perfiles de Morena para competir por 17 gubernaturas en 2027 abrió un nuevo frente de confrontación política. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, sostuvo que las decisiones se tomaron desde Palenque, Chiapas, y cuestionó tanto el control interno del partido como las actividades de promoción que, a su juicio, se han adelantado a los tiempos electorales.

Más allá de la acusación sobre el lugar donde se habrían tomado las decisiones, el señalamiento pone sobre la mesa una discusión relevante: qué tan transparente fue la selección de los perfiles y qué margen tuvieron los aspirantes para competir en condiciones equitativas dentro de Morena.

El partido definió a 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posiciones que funcionan como parte de su organización política rumbo a los comicios del próximo año. Aunque estas designaciones no equivalen formalmente a candidaturas registradas ante las autoridades electorales, colocan a los seleccionados en una posición de visibilidad y trabajo territorial de cara a la contienda.

Morena ha defendido sus procedimientos internos con el argumento de que recurrió a encuestas para elegir perfiles en 16 entidades y a un acuerdo de consenso en San Luis Potosí. Sin embargo, la existencia de un mecanismo de selección no elimina por sí misma las dudas sobre la metodología aplicada, la participación efectiva de los aspirantes o la manera en que se comunicaron los resultados.

La controversia también toca un punto sensible del calendario electoral. En México, los partidos pueden realizar actividades de organización y posicionamiento político, pero los actos anticipados de precampaña o campaña están sujetos a reglas específicas. Para determinar si una actividad constituye una infracción, las autoridades deben analizar elementos como su contenido, finalidad, contexto y temporalidad; la promoción política, por sí sola, no demuestra automáticamente una violación a la ley.

En ese escenario, las declaraciones de Acosta Naranjo representan una crítica política al proceso de Morena, pero no constituyen por sí mismas una prueba de que las designaciones se hayan decidido fuera de los mecanismos anunciados por el partido ni de que exista una infracción electoral.

La disputa anticipa uno de los principales retos rumbo a 2027: que los partidos expliquen con claridad cómo seleccionan a sus perfiles y que las actividades de quienes aspiran a gobernar se mantengan dentro de las reglas electorales. La competencia por las gubernaturas ya comenzó en el terreno político, aunque el registro formal de las candidaturas llegará en una etapa posterior.