El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados defendió este domingo la implementación del registro obligatorio de teléfonos celulares en México, a pesar de las críticas y advertencias sobre posibles vulneraciones a la información personal de los usuarios.
El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, afirmó que la medida es “un paso esencial en el combate a la extorsión y al fraude” cometidos a través de líneas telefónicas, y destacó que en el país existen alrededor de 158 millones de líneas activas, lo que hace indispensable asociarlas a usuarios “reales y verificables”.
En una tarjeta informativa, Monreal reconoció que recientemente se han presentado debilidades en sistemas de registro que podrían exponer datos sensibles de los usuarios y generar dudas sobre la seguridad informática del proceso. Sin embargo, defendió que las autoridades cuentan con facultades de investigación y sanción para corregir cualquier irregularidad, y remarcó que, en caso de comprobarse una vulneración, existen mecanismos institucionales para atenderla.
El legislador también aclaró que el resguardo de los datos personales no está directamente a cargo del Estado, sino de las compañías de telefonía móvil, aunque las autoridades supervisan el cumplimiento de las leyes y los derechos asociados a la protección de esa información. De acuerdo con Monreal, esto no exime a las autoridades de responsabilidad en su vigilancia y supervisión.
La medida forma parte de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Móviles, aprobados el pasado 8 de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y busca eliminar el anonimato que facilita la comisión de delitos relacionados con el uso de teléfonos celulares.
Pese a estas justificaciones oficiales, organizaciones civiles como La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han solicitado la suspensión del registro obligatorio, señalando que existen riesgos de ciberseguridad y posibles filtraciones de datos personales que aún no han sido completamente resueltos por las empresas de telecomunicaciones y las autoridades regulatorias.
El debate surge en un contexto en el que el proceso de registro —vinculado a la CURP u otros identificadores oficiales— ha generado desconfianza en sectores de la sociedad, mientras que expertos advierten que la medida, aunque tenga un objetivo legítimo en términos de seguridad, no cuenta con garantías claras de protección de datos personales ni evidencia concluyente de que reduzca delitos como la extorsión.
