Ciudad de México, 26 de enero de 2026 — El ministro Hugo Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció este lunes sobre la controversia generada por la decisión de la Corte de devolver las camionetas blindadas que había adquirido recientemente.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Aguilar explicó que la medida fue tomada con base en criterios de austeridad y transparencia, y aseguró que la SCJN busca evitar gastos innecesarios y actuar con responsabilidad en el uso de recursos públicos.
“El objetivo es garantizar que el gasto sea razonable y justificado, y evitar cualquier percepción de opulencia en el contexto de la política de austeridad que impulsa el Gobierno federal”, señaló el ministro, sin entrar en detalles sobre el monto exacto de la operación ni el destino final de los vehículos.
Aguilar enfatizó que la decisión se tomó tras un análisis interno y que se busca “no gastar más de lo indispensable”. Además, indicó que la Corte está comprometida con la rendición de cuentas y que, ante la polémica, optó por retirar la adquisición para evitar más cuestionamientos públicos.
El ministro también resaltó que la SCJN mantiene “una postura de respeto” hacia la opinión pública y hacia los principios de austeridad, y aseguró que las acciones serán informadas conforme avance el proceso administrativo.
La devolución de las camionetas blindadas generó críticas inmediatas por parte de actores políticos y usuarios en redes sociales, quienes señalaron que la compra original representaba un gasto excesivo y contradictorio con la política de austeridad.
Entre las voces más críticas se encuentra el diputado y dirigente de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la decisión de “torpeza inconmensurable” y afirmó que la devolución implicará pérdidas económicas por la depreciación de los vehículos.
Por su parte, la SCJN ha mantenido que la compra fue justificada por razones de seguridad institucional y que la devolución responde a un análisis de conveniencia tras el debate público.
La Corte informó que continuará con el proceso administrativo para determinar el destino final de los vehículos y si se recuperará parte del costo. También indicó que se evaluarán los protocolos de adquisición para evitar polémicas similares en el futuro.
