Ciudad de México, 20 de febrero de 2026 — El Gobierno de México confirmó que ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición de empresarios estadounidenses, entre ellos integrantes de la familia Jensen, por su presunta participación en un complejo esquema de contrabando de combustibles y evasión fiscal conocido como “huachicol fiscal”. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que, como parte de una investigación internacional en curso, se pidió a las autoridades de Estados Unidos que entreguen a estas personas para que respondan ante la justicia mexicana por delitos relacionados con la introducción ilegal de hidrocarburos al país sin pagar los impuestos correspondientes. 

La familia Jensen, originaria del estado de Utah, Estados Unidos, está compuesta por James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell Sterling y Zachary Golden. Estas personas enfrentan en Estados Unidos acusaciones por contrabando de petróleo, lavado de dinero y uso de declaraciones falsas para introducir combustible robado desde México hacia territorio estadounidense. 

Según informes judiciales, la red habría movido miles de cargamentos de crudo declarado falsamente como “aceites lubricantes” o “destilados de petróleo” para evadir impuestos y aduanas, en operaciones que se habrían extendido por varios años. 

El término huachicol fiscal se refiere al tráfico ilegal de combustible o crudo mediante prácticas de evasión fiscal, como declarar productos distintos a los reales, operar con empresas fachada y no pagar los impuestos debidos al cruzar fronteras o aduanas. 

En este caso, aunque el contrabando fue desde México hacia Estados Unidos —a diferencia del huachicol tradicional que suele implicar robo de ductos dentro de México— las autoridades señalan que las operaciones consiguieron reducir o evadir impuestos por la entrada o salida de combustibles, lo cual también afecta la recaudación fiscal y la legalidad del comercio energético. 

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos, incluyendo informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sugieren que la familia Jensen operó una red que, en algunos momentos, mantuvo relaciones con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para facilitar el tráfico de hidrocarburos robados o sin pagar impuestos. 

Documentos presentados ante tribunales estadounidenses señalan la participación de empresas fantasmas y contabilidades trianguladas para encubrir operaciones, así como vínculos entre intermediarios del CJNG y estructuras empresariales relacionadas con los acusados. 

📍 Avance judicial y cooperación internacional

  • En Estados Unidos, algunos miembros de la familia Jensen ya enfrentan procesos legales por delitos como contrabando, lavado de dinero y falsedad de declaraciones ante agencias judiciales. 
  • La cooperación entre México y Estados Unidos es clave para avanzar en la extradición y el intercambio de información de inteligencia y judicial. 
  • La Fiscalía General de la República (FGR) de México coordina con sus homólogas estadounidenses los procedimientos legales y la confirmación de identidades y delitos de los implicados. 

Este tema forma parte de una problemática más amplia que enfrenta México para combatir la evasión fiscal y el tráfico ilegal de hidrocarburos, que incluye desde operaciones con empresas fachada y factureras hasta redes transnacionales que buscan evadir el pago de impuestos y perjudicar la recaudación.