México se abstuvo de votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para convocar a una reunión de cancilleres con el objetivo de analizar la situación política de Nicaragua.

El representante permanente de México ante el organismo, Alejandro Encinas, sostuvo que el gobierno mexicano no considera que la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua constituya una amenaza para la paz o la seguridad regional.

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, Encinas explicó que la postura mexicana responde a los principios constitucionales que rigen la política exterior del país, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a los derechos humanos.

México también expresó preocupación por la situación de los derechos humanos y la evolución política de Nicaragua, pero consideró que abordar el conflicto desde una perspectiva de seguridad regional podría generar mayores tensiones y dificultar una salida diplomática.

Encinas advirtió que calificar la situación nicaragüense como una amenaza hemisférica podría abrir la puerta a medidas que excedan las facultades de la OEA y entren en conflicto con los principios de soberanía y no intervención.

OEA sí aprueba reunión de cancilleres

La propuesta impulsada por Estados Unidos sí fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México. Venezuela y Haití estuvieron ausentes.

La reunión tendrá como objetivo analizar posibles acciones ante las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en particular las reformas que restringirían la participación de la oposición en procesos electorales y ampliarían el periodo presidencial.

México cuestionó que se convoque a los cancilleres sin que exista claridad sobre cuáles serían las medidas que podrían adoptarse y sin un proceso previo de consultas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó posteriormente la postura mexicana y afirmó que la decisión está relacionada con los principios constitucionales de política exterior, particularmente con la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los Estados.

El debate ocurre mientras Nicaragua avanza hacia reformas políticas que han generado críticas internacionales por sus posibles efectos sobre la competencia electoral y la oposición.