La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un fuerte señalamiento contra el clima político que actualmente se vive en Sinaloa, al afirmar que en esa entidad “se normaliza la narcopolítica”, en medio de las investigaciones y acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente ligados al crimen organizado.

La mandataria panista aseguró que su administración en Chihuahua mantiene una estrategia enfocada en trabajo institucional y combate a la inseguridad, luego de ser cuestionada sobre las diferencias entre la situación de su estado y la crisis política que atraviesa Sinaloa.

“Yo solo hago mi trabajo”, respondió Campos al ser interrogada sobre los señalamientos que han colocado nuevamente a Sinaloa en el centro del debate nacional por presuntos vínculos entre política y narcotráfico.

Sus declaraciones ocurren en un contexto especialmente delicado, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara recientemente la existencia de fichas rojas de Interpol contra Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses investigados por autoridades estadounidenses.

La crisis política en Sinaloa se intensificó tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se señala a exfuncionarios y operadores políticos de presuntamente colaborar con estructuras del Cártel de Sinaloa, particularmente con facciones ligadas a “Los Chapitos”.

Las declaraciones de Maru Campos también reavivaron el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas y de gobierno, tema que ha escalado internacionalmente debido a las investigaciones abiertas en cortes estadounidenses.

Aunque la gobernadora evitó profundizar sobre nombres específicos, su mensaje fue interpretado como una crítica directa hacia el gobierno sinaloense y hacia la crisis política que actualmente enfrenta Morena en esa entidad.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas a nivel nacional, en medio de la creciente presión diplomática y judicial de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos relacionados con investigaciones de narcotráfico.