La actriz Livia Brito Pestana, conocida por su trayectoria en telenovelas mexicanas, fue vinculada a proceso penal por el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad, en un caso derivado de un conflicto legal con el fotógrafo Ernesto Zepeda. La resolución fue emitida tras una revisión judicial en la Ciudad de México, donde un magistrado consideró que existen elementos suficientes para continuar la investigación penal en su contra. 

El caso se remonta a junio de 2020, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda captó imágenes de Livia Brito junto con su entonces pareja, el instructor Yosmi Mariano Gedler Martínez, durante un paseo en una playa de Cancún, Quintana Roo. Según Zepeda, Brito y su acompañante reaccionaron de manera agresiva y la situación culminó con un altercado físico y daños al equipo fotográfico del reportero. 

A partir de ese hecho, Zepeda inició una demanda legal que incluyó acciones civiles por lesiones y daño moral, en la que un juez ordenó que Brito y su ex pareja pagaran más de un millón de pesos por reparación del daño. Más adelante, el caso escaló a instancias superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la indemnización en junio de 2025. 

¿Por qué fue vinculada a proceso?

La vinculación actual no se centra en la agresión física, sino en las declaraciones que Livia Brito y su entonces pareja hicieron ante las autoridades en relación con ese incidente. De acuerdo con la resolución judicial, ambos negaron haber agredido al fotógrafo, una versión que, según la Fiscalía, no coincide con las pruebas existentes. 

Ante este contexto, un magistrado de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó una determinación anterior que había favorecido a la actriz y ordenó la vinculación a proceso por falsedad de declaraciones. Esto indica que el juez considera que hay indicios suficientes para que el proceso penal continúe, aunque no implica una condena o culpabilidad definitiva. 

Como parte de la vinculación a proceso, se han impuesto medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la restricción para salir del país sin permiso judicial. La investigación seguirá su curso y se definirá si se solicita la apertura de juicio con base en las pruebas que presenten ambas partes. 

El próximo paso en el calendario legal está programado para el 23 de febrero de 2026, fecha en la que se realizará una audiencia para revisar el avance del proceso penal y las posibles actuaciones adicionales. 

Hasta el momento, Livia Brito no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva etapa del caso. Por su parte, Ernesto Zepeda ha señalado que su objetivo es que el conflicto legal llegue a su máximo término con base en el debido proceso, enfatizando la importancia de la verdad y la responsabilidad ante la ley.