El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Aguas, una norma que actualiza el marco jurídico del recurso hídrico en México y reforma la Ley de Aguas Nacionales. La votación se llevó a cabo después de una sesión prolongada y fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación.
La legislación establece un nuevo modelo de administración que prioriza el uso doméstico y humano del agua, redefine el régimen de concesiones y fija criterios de sustentabilidad, acceso y saneamiento. El dictamen fue tramitado bajo la figura de “urgente resolución”, lo que permitió acotar el proceso de discusión.
Posición de la oposición
Durante el debate, grupos parlamentarios de oposición manifestaron reservas sobre:
- El alcance del control federal en la gestión del recurso.
- La rapidez del procedimiento legislativo.
- Los posibles efectos en sectores agrícolas y productivos que dependen de concesiones vigentes.
Legisladores solicitaron una revisión más amplia y advirtieron que la implementación podría requerir precisiones reglamentarias adicionales.
Postura de los promoventes
Senadores que respaldaron la iniciativa señalaron que el nuevo marco busca:
- Garantizar el acceso al agua como derecho humano.
- Evitar prácticas de acaparamiento.
- Establecer reglas más claras para el uso, distribución y preservación del recurso.
Indicaron que la reforma responde a la necesidad de fortalecer la gobernanza hídrica ante escenarios de estrés y escasez.
Con su envío al Ejecutivo, la ley queda pendiente de publicación para entrar en vigor. Su aplicación implicará ajustes administrativos en los organismos encargados de la gestión del agua a nivel federal y local.
