La violencia contra creadores de contenido ha dejado una serie de casos que han llamado la atención en México. Un recuento publicado recientemente identifica siete influencers asesinados en distintos puntos del país, de los cuales cinco tenían menos de 27 años.

Los casos abarcan varios años y entidades, aunque en los últimos meses la situación ha cobrado especial relevancia por los homicidios registrados en Sinaloa, donde la disputa entre grupos del crimen organizado también ha alcanzado a personas con presencia constante en redes sociales.

Uno de los casos más recientes es el de César Gastélum, creador de contenido de 25 años, quien fue asesinado en Culiacán mientras realizaba una transmisión. Su muerte volvió a colocar bajo atención la violencia que afecta a influencers y otros perfiles con amplia exposición pública.

Entre los casos documentados también aparecen creadores asesinados en Sinaloa y otras entidades. Sin embargo, las circunstancias no son iguales en todos los expedientes y las autoridades no han establecido que todos los homicidios tengan un mismo móvil o estén necesariamente relacionados con el crimen organizado.

Otro recuento periodístico publicado esta semana señala que desde septiembre de 2024 se han registrado al menos nueve asesinatos de influencers y creadores de contenido vinculados geográficamente con Sinaloa. Entre las víctimas se encuentran Jesús Miguel Vivanco García, conocido como “El Jasper”; Leobardo Aispuro Soto, “Gordo Peruci”; Agustín Paul, “El Pinky”; Adalberto Peña, “El Tata”; Víctor Manuel, “El Brasileño”; Gerardo Moya, “El Jerry”; Camilo Ochoa, “El Alucín”, y César Gastélum.

La exposición en redes sociales se ha convertido en un elemento relevante dentro de esta problemática. Algunos creadores han difundido contenidos relacionados con seguridad, entretenimiento, estilo de vida o temas vinculados con la violencia que se vive en determinadas regiones.

En algunos casos, los nombres de influencers han aparecido en mensajes o listas difundidas en plataformas digitales. No obstante, la aparición de una persona en ese tipo de publicaciones no demuestra por sí misma una relación con actividades criminales ni permite establecer el motivo de un homicidio.

La diversidad de casos también obliga a que cada investigación sea analizada de manera independiente. Mientras algunas autoridades han señalado posibles vínculos entre determinadas víctimas y grupos criminales, otros expedientes permanecen sin una explicación pública definitiva.

El fenómeno plantea además un reto para las autoridades, debido a la creciente exposición de personas que tienen una presencia importante en redes sociales y que pueden convertirse en blanco de amenazas por el contenido que publican o por el contexto en el que desarrollan sus actividades.

Más allá de las cifras, los casos reflejan una preocupación creciente por la seguridad de jóvenes creadores de contenido en México y por la necesidad de esclarecer los homicidios sin adelantar conclusiones sobre las víctimas o sus posibles vínculos.