El Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría la minuta del llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la gobierno federal, en medio de críticas de legisladores de oposición que cuestionaron su alcance y efectividad.

La iniciativa fue avalada con el respaldo de Morena, sus aliados y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, mientras que las bancadas del PRI y PAN votaron en contra, al considerar que la reforma es limitada y no atiende problemas estructurales del sistema político.

Durante la sesión, la diputada morenista Deni Gastélum Barreras presentó el dictamen enviado desde el Congreso de la Unión, mediante el cual se reforman los artículos 115 y 116, además de adicionar disposiciones al artículo 134 de la Constitución.

Entre los principales puntos aprobados destacan:

  • Reducción del número de regidores en los ayuntamientos, con un máximo de 15
  • Límites al presupuesto de los congresos locales, que no podrán exceder el 0.70% del gasto estatal
  • Topes a salarios y prestaciones de funcionarios electorales
  • Medidas de austeridad y disciplina en el gasto público

Estas modificaciones forman parte de una estrategia federal que busca reducir costos del aparato político y redirigir recursos públicos, en línea con la política de austeridad del actual gobierno.

Diputados del PAN y PRI señalaron que la reforma es “insuficiente” y no aborda temas de fondo como la representación ciudadana o el fortalecimiento democrático, además de advertir que podría tener efectos limitados en la práctica.

Por su parte, legisladores oficialistas defendieron el dictamen al considerar que contribuye a eliminar privilegios, hacer más eficiente el gasto público y acercar el gobierno a la ciudadanía.

La aprobación en Sonora se da en el contexto de un proceso nacional, en el que al menos 17 congresos estatales deben avalar la reforma para su validez constitucional, requisito que ya se ha ido cumpliendo en distintas entidades del país.

Con ello, Sonora se posiciona entre los estados que han respaldado esta reforma impulsada por la administración federal, la cual ha generado un fuerte debate político rumbo a los próximos procesos