La Justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro para que sea juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad, entre ellos persecución, secuestro, tortura y asesinato.
El pedido fue realizado por el juez federal Sebastián Ramos y se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar violaciones graves a los derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido.
La causa fue impulsada en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, y ya en 2024 se había ordenado la detención de Maduro junto con otros altos funcionarios de su gobierno.
Además, el líder chavista se encuentra detenido en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, lo que abrió la puerta a que Argentina formalizara el reclamo para que declare ante su justicia.
A inicios de 2026, el fiscal Carlos Stornelli también había solicitado iniciar los trámites de extradición dentro de un expediente por delitos de lesa humanidad presentado por organizaciones civiles querellantes.
La solicitud coincidió con la liberación de dos presos políticos argentinos en Venezuela, aunque otros ciudadanos continúan detenidos, mientras que organizaciones reportan que aún hay cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos en ese país.
