Juristas y académicos han expresado su preocupación en la Cámara de Diputados respecto a la reforma al Artículo 5 de la Ley de Amparo, argumentando que esta modificación podría limitar el acceso a la justicia y vulnerar derechos humanos, a pesar de los ajustes realizados por el Senado.

La reforma propone redefinir el concepto de “interés legítimo”, estableciendo que solo podrán presentar un juicio de amparo quienes demuestren que la norma, acto u omisión reclamada genera una afectación real, actual y diferenciada, con un beneficio directo y concreto para la persona o grupo quejoso. Además, se excluye expresamente el “interés simple” como fundamento válido.

Especialistas advierten que esta restricción podría excluir a colectivos y organizaciones que defienden causas públicas, como los derechos humanos, ambientales o de grupos vulnerables, al no poder demostrar un daño individual diferenciado. También señalan que la redacción de términos como “diferenciada” o “beneficio cierto” deja espacio a interpretaciones subjetivas por parte de los jueces, lo que podría generar fallos inconsistentes y negación de amparos legítimos por tecnicismos.

Los críticos destacan que la reforma podría representar un retroceso respecto a la reforma constitucional de 2013, que amplió la protección de los derechos fundamentales y fortaleció el amparo como herramienta para la defensa ciudadana. Señalan que endurecer los requisitos de procedencia del juicio podría dificultar el acceso a la justicia de personas con menos recursos y desincentivar la defensa de causas colectivas.

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino en el proceso legislativo para corregir la inclusión de una cláusula retroactiva, que fue introducida sin el conocimiento de los presidentes de las comisiones implicadas. La cláusula fue eliminada en la Cámara de Diputados, asegurando que el texto final respete los principios constitucionales, especialmente el principio de no retroactividad de la ley.

La reforma aún está en proceso legislativo y continuará siendo objeto de debate y análisis en las próximas semanas, mientras juristas y organizaciones de la sociedad civil llaman a revisar el texto para garantizar que el acceso a la justicia y la defensa de los derechos ciudadanos no se vean comprometidos.