A 12 años del derrame de sustancias tóxicas que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, el Gobierno federal inició los trabajos del Programa Integral de Remediación Ambiental de la Cuenca del Río Sonora, con la meta de retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y avanzar en la recuperación ambiental de la región.

Las labores comenzaron el 15 de octubre en Ures, Sonora, bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El proyecto busca atender los daños asociados al derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, que liberó residuos tóxicos hacia los cauces de la zona.

El plan contempla recorrer mediante drones aproximadamente 288 kilómetros de la cuenca para identificar los puntos donde se tomarán 800 muestras de suelo. Los análisis estarán a cargo de laboratorios aprobados por la Profepa y acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, cuyos resultados permitirán delimitar las áreas que requieren intervención y determinar el manejo adecuado de los materiales contaminados.

Una vez identificados los sitios afectados, los residuos podrán colocarse en celdas temporales o trasladarse a plantas de tratamiento ubicadas en Nuevo León y Coahuila, de acuerdo con las características del material y los resultados de los estudios técnicos.

Las labores principales tienen un plazo estimado de 87 días, mientras que las actividades de supervisión se extenderán hasta enero de 2027. Para ejecutar los trabajos se instalarán tres campamentos en los municipios de Aconchi, Huépac y Ures, desde donde se atenderán cinco frentes de intervención.

Las empresas Veolia, Semsa y Taesa fueron contratadas para realizar trabajos de caracterización y remediación. Entre sus compromisos está la contratación de proveedores y mano de obra de la región, con el objetivo de incorporar a las comunidades locales durante la ejecución del programa.

Durante la presentación del proyecto ante autoridades municipales e integrantes de los Comités de Cuenca, funcionarios federales señalaron que el seguimiento deberá realizarse con criterios técnicos y con participación de las comunidades afectadas. También se prevén reuniones periódicas para revisar los avances y considerar las observaciones de los habitantes.

La remediación del suelo forma parte de un plan más amplio que incluye acciones relacionadas con el agua y la salud, dos de las principales preocupaciones de las comunidades afectadas desde el derrame de 2014. El inicio de los trabajos representa una nueva etapa en la atención del problema, aunque el retiro de materiales contaminados no significa por sí solo que el agua sea segura para consumo humano ni que todas las afectaciones estén resueltas.

El avance del programa deberá medirse a partir de los resultados de los muestreos, la cantidad de suelo efectivamente retirado, el tratamiento y destino final de los materiales y la recuperación de las condiciones ambientales. Para las comunidades de la cuenca, el reto será que las acciones se traduzcan en mejoras verificables y sostenidas después de más de una década de exigencias de atención.