Un reciente informe publicado por el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) coloca a México entre los países con mayor nivel de violencia e inseguridad global en 2025, un fenómeno que también afecta a varias naciones de América Latina debido a disputas criminales, expansión de pandillas y respuestas de las fuerzas de seguridad que tienen efectos temporales y variables.
El Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 —un balance anual que mide eventos violentos, letalidad, alcance geográfico y fragmentación de actores armados— posiciona a México en el cuarto lugar a nivel mundial entre los territorios más peligrosos, solo detrás de Palestina, Birmania y Siria. La clasificación se basa en más de 200 mil eventos violentos y más de 240 mil muertes registradas durante el año, con un promedio de cientos de incidentes reportados cada día.
La violencia en México, según ACLED, está estrechamente vinculada con la acción de grupos del crimen organizado, enfrentamientos entre facciones rivales y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, lo que ha generado un impacto significativo en la seguridad de la población civil en amplias regiones del país.
Además de México, otros países de la región aparecen entre los que enfrentan niveles elevados de violencia en el informe, aunque no necesariamente en los primeros lugares del ranking global. Naciones como Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Perú y Chile figuran en diferentes posiciones del índice, reflejando que la inseguridad en América Latina sigue siendo un desafío estructural.
El informe también señala que el impulso de bandas criminales, la fragmentación territorial de la violencia y la respuesta de los Estados con tácticas militarizadas han contribuido a mantener las tasas de incidentes en niveles muy altos. En algunos casos, las estrategias de seguridad implementadas tienen efectos temporales que no reducen las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades o la debilidad institucional.
Esta evaluación de ACLED arroja luz sobre un fenómeno complejo que no se limita a enfrentamientos armados tradicionales, sino que incluye una amplia gama de actos violentos que afectan a la población civil, desde homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales hasta zonas geográficas donde la presencia del Estado es tenue o contestada.
Ante estos datos, expertos señalan la necesidad de combinar esfuerzos de seguridad con políticas sociales y económicas que ataquen las causas estructurales de la violencia, para así aspirar a una reducción sostenida de los índices que posicionan a varios países latinoamericanos entre los más peligrosos del planeta este año.
