La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, rechazó la propuesta de “blindar” automáticamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante fórmulas vinculadas al Producto Interno Bruto o al padrón electoral. Durante la presentación de las 241 propuestas enviadas por los consejeros del INE, se evidenciaron diferencias sobre cómo garantizar la autonomía financiera del organismo sin comprometer la flexibilidad presupuestaria que exige el contexto económico del país.

Pablo Gómez señaló que, aunque proteger el financiamiento del INE es importante, indexarlo de forma automática no es viable, ya que las necesidades del instituto, como la organización de elecciones y la fiscalización de recursos, no pueden ajustarse solo en función del crecimiento económico. Además, enfatizó que la reducción de recursos al INE es una demanda popular y que la decisión final sobre el presupuesto recaerá en el Congreso de la Unión, que tiene la facultad de definir los recursos disponibles.

Por su parte, varios consejeros destacaron la importancia de mantener la autonomía del INE y alertaron que un presupuesto insuficiente podría afectar la calidad democrática del país. Algunos plantearon fórmulas técnicas que permitieran ajustes dinámicos según indicadores objetivos, pero sin que existiera un blindaje absoluto. La consejera Carla Humphrey enfatizó que los recursos actuales ya son limitados y que cualquier disminución podría poner en riesgo derechos ciudadanos fundamentales y principios democráticos.

Además del tema presupuestal, los consejeros presentaron propuestas sobre la representación proporcional, la coincidencia de elecciones federales y locales, y la profesionalización del personal electoral, aunque no todos los planteamientos serán incluidos en la iniciativa de reforma electoral final que se discutirá en el Congreso. La Comisión Presidencial remitió estas propuestas para su análisis y definición, dejando claro que la decisión sobre los recursos del INE y otras medidas estructurales dependerá de un debate legislativo más amplio.